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Imagen del estanciero durante el siglo XX

La historiadora explica por qué el arquetipo social del hombre de campo fue forjándose en los últimos cien años, pero permaneció inalterable pese a los notables cambios y las innovaciones que tuvo como protagonista la producción agropecuaria argentina.

Por María Sáenz Quesada *

urante el siglo pasado se instaló en el imaginario argentino la idea de un tipo social, el estanciero, hacendado o terrateniente, que ocupó un lugar de privilegio en la etapa de gran desarrollo agropecuario de las primeras décadas del siglo y cuya imagen, congelada en el tiempo, se convirtió en asunto central de las controversias ideológicas que tuvieron lugar después en condiciones generales muy diferentes.

Para analizar la cuestión, viene en ayuda la historia de las mentalidades que estudia las concepciones del mundo y las sensibilidades colectivas (1). Esta explica que los hombres se sirven de las máquinas que inventan, guardando las mentalidades de antes de esas máquinas porque la mentalidad es lo que cambia con mayor lentitud.

Afirma el medievalista francés Jacques le Goff, que el discurso de los hombres, en cualquier tono en que se haya pronunciado, no es, a menudo, más que un montón de ideas prefabricadas y de lugares comunes, de restos de culturas y de mentalidades de distinto origen y tiempo diverso. “Cuándo se deshace una mentalidad? ¿Cuándo aparece otra?¿Cuando un lugar común aparece o desaparece”, se pregunta.

Dicha concepción de la historia resulta válida para analizar el siglo XX en la Argentina, en cuyo transcurso se cristalizó la imagen de un poderoso grupo social de carácter oligárquico, que ejercía una influencia determinante en las instituciones del estado, disfrutaba de la posesión de los productos de exportación del país y arrendaba sus tierras a los recién venidos.

La imagen respondía al tipo de gran estanciero de 1910, cuando la palabra estancia se asociaba con la idea de poder, prestigio social y confianza en el futuro.

Entonces el campo era lo esencial en la vida argentina, según el acertado registro de Georges Clemenceau, Jules Huret, Vicente Blasco Ibáñez y W. H. Koevel y otros visitantes que admiraron las modernas estancias de la época (praderas artificiales para el ganado, alambrados, montes, molinos, galpones, cabañas, personal especializado y control riguroso de la producción).

Todos ellos se hubieran asombrado al conocer la modesta condición del estanciero rioplatense sólo un siglo antes. Porque el lugar que el gran hacendado ocupaba en la Argentina mejoró sustancialmente a fines del siglo XIX, gracias a una combinación de políticas acertadas y de adelantos técnicos (maquinaria, navegación, frigoríficos).

El centenario

Hacia 1910, la cúpula de los terratenientes vivía a lo grande. Eran los Alvear, Pereyra, Duggan, Casares, Unzué, Drysdale, Santamarina, Alzaga, Martínez de Hoz, Luro, Pacheco y otros más que se veían a sí mismos –y eran vistos– a una distancia sideral del colono arrendatario (el gringo recién venido) y del paisano criollo, poblador primitivo de la campaña.

Dos entidades corporativas los representaban. La Sociedad Rural Argentina constituida en 1866, tenía la responsabilidad de la exposición anual de Palermo y la del registro de razas. Quienes no se sentían representados por ella, adhirieron entre 1892 y 1923 a la Liga Agraria de Buenos Aires. Porque incluso en aquellos años de excelentes precios para las exportaciones, había diferencias dentro del sector rural.

Uno de los temas en debate, tranqueras adentro y tranqueras afuera, se planteaba entre los defensores de la especialización ganadera como la más adecuada para las condiciones naturales del Río de la Plata, y los partidarios de la agricultura por medio de la colonización.

Estos últimos sostenían que en la Argentina las tierras habían sido acaparadas por un pequeño número de poseedores que por lo general dejaban improductivo el suelo. “La estancia ganadera perpetúa la injusticia social”, sostenía el diputado socialista Juan B. Justo. Los defensores de la ganadería, en cambio, la calificaban de “Industria madre”, con referencia al papel desempeñado por la exportación de cueros desde antes de la Independencia.

Discusiones aparte, hasta la Primera Guerra Mundial la agricultura creció. Arrendar resultaba una opción atractiva. Después del Grito de Alcorta (1912), la primera protesta rural organizada y exitosa, la Federación Agraria Argentina que congregaba a los arrendatarios, sumó su voz a las entidades que representaban al campo y condenó el papel pasivo de los propietarios “rentistas, explotadores y ausentes”.

Una corriente que ganó espacio en la década de 1920, proponía corregir las imperfecciones de la producción rural mediante una legislación adecuada. Según la tesis del estadounidense Henry George, los impuestos sobre la tierra libre de mejoras constituían la mejor herramienta para obligar a los grandes propietarios a modernizarse o a vender. Entre tanto, señala Osvaldo Barsky, hubo crédito abundante del Banco Nación para que los arrendatarios se convirtieran en propietarios.

En la década de 1920, la situación de los ganaderos desmejoró. Luego de un periodo de alta demanda de carnes congeladas, las carnes enfriadas resultaron más apetecibles y se pagaron mejor. Entonces comenzaron las disputas internas entre los grandes y los medianos propietarios rurales cuyo corolario no esperado fue el retroceso general de su imagen pública.

Indicio de esta nueva situación, fue la publicación un trabajo que hizo época, La burguesía terrateniente (1930), investigación de Jacinto Oddone sobre los orígenes del latifundio. El autor destacó que este seguía vigente en la provincia de Buenos Aires, consignó los apellidos de 50 familias dueñas de más de 30.000 hectáreas y valorizó la actividad industrial por contraposición a la del estanciero.

Más allá de las críticas, en los años veinte se destacó un nuevo tipo de dirigente rural. Fue el caso de Pedro T. Pagés, quien como presidente de la Sociedad Rural (1926) encabezó la lucha contra los frigoríficos extranjeros que fijaban el precio del ganado e impulsó la creación de frigoríficos nacionales para regular el comercio, iniciativa que se concretó diez años más tarde.

La crisis económica mundial de 1929 afectó gravemente a las exportaciones agropecuarias. No sólo fueron perjudicados los terratenientes que vivían en París, sino también los estancieros progresistas que aplicaban el crédito bancario a sus establecimientos. Los campos cuyos dueños se habían endeudado se remataron tiempo después.

El pacto

Pero todavía los ganaderos conservaban influencia política determinante. Esto permitió que en la presidencia de Agustín P. Justo (1932-1936), cuando la Argentina corrió el riesgo de quedar fuera del mercado de carnes inglés, se realizara en Londres la gestión que culminó en el “Pacto Roca Runciman”.

El Pacto fue descalificado por los historiadores y hacendados entrerrianos Julio y Rodolfo Irazusta, cuya mirada tuvo amplia aceptación. Hoy se lo considera como una medida realista, destinada a evitar que se perdiera el principal comprador del bife argentino, a cambio de un trato benevolente a capitales e industrias británicas. En el campo, según consigna Peter Smith, lo apoyaron todos, desde la Sociedad Rural hasta la Federación Agraria.

Por otra parte, como derivado de las crisis, se enfrentaron los estancieros criadores de ganado y los invernadores (que engordan los rodeos). Estos últimos resultaron favorecidos por los mejores precios que pagaban los frigoríficos interesados en comprar carne de calidad.

Dicha situación está en el origen del debate de las carnes (1935), cuyo vocero en el Senado fue Lisandro de la Torre. La célebre denuncia –ensombrecida por el asesinato de un senador– se convirtió en símbolo del manejo de la alta política por intereses económicos particulares.

Entre tanto se formó una nueva entidad ruralista, Confederaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa, (CARBAP) que junto con otras confederaciones de carácter regional conformaron en 1943 una entidad de tercer grado, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuyo órgano de expresión es Edición Rural.

Nemesio de Olariaga estanciero y arrendatario en el sudeste bonaerense, le imprimió su sello. En su libro El Ruralismo argentino( 1943) divide a los estancieros en “oligarcas latifundistas”, dueños de más de 10.000 hectáreas, que arriendan o explotan el suelo en forma capitalista, y “productores rurales” para quienes la tierra y sus trabajadores constituyen una responsabilidad social.

Esta concepción lo llevó a negarle a la Sociedad Rural la representación del sector, y a defender la política del gobierno conservador de Rodolfo Moreno (Buenos Aires), cuyo nuevo régimen impositivo era contrario al latifundio. En 1943, Olariaga simpatizó con el golpe militar y con el coronel Perón.

Todo esto puso a la Sociedad Rural a la defensiva.

En la exposición de 1939, el discurso del presidente de la entidad, Adolfo Bioy, contratacó:“La estancia no fue jamás un feudo que encerrara a un señor ocioso embriagándose en el trabajo de sus siervos.

Hacia 1940, el centro del debate se había deslizado al conflicto entre terratenientes y colonos. Si la tierra era el bien más apetecible, ¿cómo hacerla más accesible? Porque el latifundio ganadero, de acuerdo con los estudios más recientes, en lugar de retroceder, había avanzado levemente.

Sobre este tema se escribieron dos importantes trabajos en lengua inglesa. Uno de ellos, Rural life in Argentina (1943), del sociólogo estadounidense Carl Taylor, observó que las fincas rurales se compraban y se vendían pero que los cambios tenían lugar dentro del mismo grupo de los terratenientes.

El otro texto, Argentine riddle, de Félix Weil,1944), estima, entre otras consideraciones, que el miedo del estanciero a perder su tierra y a los cambios sociales lo convierte en enemigo nato de la industrialización (41).

La modernización atacaba al estanciero tradicional por dos flancos: el de los arrendatarios que deseaban convertirse en propietarios y el de los consumidores urbanos, clase media y obreros, en un período de la historia en que se produjo un éxodo de la población rural hacia las ciudades.

Ahora las mayorías miraban con indiferencia al campo y dicha indiferencia pronto se tornaría en hostilidad. Por su parte, el nacionalismo con fuerte apoyo en el ejército, condenaba el modelo de producción agropecuaria para el imperio británico y apostaba a la industrialización.

El plan del gobierno

Estas ideas llegaron al gobierno cuando los militares tomaron el poder en la Argentina (1943). Entonces se aprobó el Estatuto del Peón, pese a las observaciones de la Sociedad Rural que insistía en la discutible visión de que en el campo argentino se consideraba a la ‘peonada’ como una prolongación de la familia”.

Lo que ya podía calificarse de mala imagen pública del estanciero, se constituyó en elemento básico del populismo peronista, cuya política económica incluyó la ley de arrendamientos rurales favorable al arrendatario, los precios fijos para el pan, la carne y la leche favorables al consumidor, y el control estatal del comercio de exportación a través del IAPI, favorable a los intereses de la industria de sustitución de importaciones.

Sin embargo, mientras disminuían los saldos exportables y el consumo interno aumentaba, la industria argentina no se consolidó lo suficiente como para compensar el déficit en las exportaciones agropecuarias, las que, por otra parte, sufrieron el deterioro de los términos de intercambio, de acuerdo con el conocido análisis de Raúl Prebisch.

A un testigo de esa época, el embajador estadounidense James Bruce (Those perplexing argentines, 1947), le sorprendió la escasa participación de la Sociedad Rural en la actualidad política, y la extrema prudencia con que se manejaban los estancieros. Estos que se sentían discriminados y demonizados como culpables de estar arruinando al país, ahora sembraban la tierra por sí mismos sin recurrir a intermediarios.

En los años 1950, los intentos de poner de nuevo en marcha al sector rural, en gobiernos de signo político opuesto –Perón con el Segundo Plan Quinquenal y la Revolución Libertadora con el Plan Prebisch– tuvieron escaso resultado.

En ese marco, las fortunas que venían del siglo XIX se habían subdividido en ramas familiares o por venta, salvo en el caso de herencias extraordinarias.

Había también una generación de nuevos propietarios de parcelas pequeñas que habían sido arrendatarios y que gracias a una legislación favorable accedieron a la propiedad. Todos padecieron en su medida esos tiempos de precios internacionales bajos y de precios máximos en el mercado interno, dado que los gobiernos no podían desconocer los reclamos de los consumidores.

La memoria de los estancieros registra como único gobierno favorable en muchos años al de Arturo Frondizi, por la devaluación que favoreció al campo y por planes de modernización en pasturas y desgravaciones a quienes invertían en maquinaria. Pero la idea de que tener un campo es un privilegio, o que la Sociedad Rural maneja como eminencia gris la política nacional, siguió viva.

“La Argentina está atrasada en su producción agraria tanto en relación con los países capitalistas como comunistas”, afirmó Mauricio Lebedinsky (1965), sobre la base de informes técnicos del ingeniero Horacio Giberti, quien había analizado la baja productividad promedio de la estancia ganadera bonaerense.

Para revertir ese estancamiento, el arquitecto Paul Hary fundó los grupos CREA (1957). Hary destacaba la necesidad de que los agropecuarios se agruparan para trabajar mejor en un mundo donde el arma estratégica son los alimentos. Su propuesta consistía en una política de tranqueras abiertas que agrupara a personas de distintas edades y formación, asesoradas por agrónomos.

Por esa época, los productores rurales reconocían la distancia que los separaba del resto del país y la falta de poder político del sector a pesar de que este constituía el principal productor de divisas.

Luego de la breve euforia de 1971-73 cuando las compras del Mercado Común Europeo mejoraron el precio de la carne, el tercer gobierno peronista (1973-1976) retomó su tradicional política favorable: control estatal de las exportaciones de productos primarios, retenciones, precios máximos y por último un anteproyecto de ley agraria que incluía el impuesto a la renta potencial de la tierra con la idea de penalizar su manejo ineficiente. Hubo entonces dos paros agropecuarios cuyo éxito sorprendió a la dirigencia rural, en el marco de la protesta generalizada que desembocó en un nuevo golpe militar.

El Proceso

Producido este, se tuvo la impresión de que los terratenientes serían sus principales beneficiarios cuando José Alfredo Martínez de Hoz ocupó el Ministerio de Economía. Tranqueras afuera esa impresión perdura hasta hoy. Pero en el interior del ruralismo, las relaciones con la dictadura militar fueron matizadas. Por un lado, hubo apoyo político a los objetivos generales, pero en materia sectorial se pasó de la satisfacción –hubo dos extraordinarias cosechas– a la honda preocupación por la fluctuación del tipo de cambio y por el endeudamiento de los productores.

Mientras en el mundo industrializado comenzaba la revolución tecnológica, en los años 1980, las retenciones y la constante inflación impidieron su aplicación en la Argentina. Una empresa rural podía ser trabajada con seriedad, pero la rentabilidad no permitía, por ejemplo, usar fertilizantes que se pagan en dólares.

Los cambios en materia institucional se dieron a partir del renacimiento de la democracia (1983). Entonces se renovó la Sociedad Rural cuya presidencia fue ocupada por Guillermo Alchouron (tambero, la actividad agropecuaria más de avanzada en esos años) y la entidad se integró a las empresas más representativas del país (Grupo de los Ocho).

Por su parte, Confederaciones Rurales Argentinas entendió que la libertad política era para usarla en términos comparables al de otros grupos corporativos, mediante fuertes presiones gremiales, como la organizada en 1989 para reclamar la unificación del tipo de cambio.

En la década de 1990, todas las ramas de la actividad agropecuaria se modernizaron. Fue un verdadero pionero, Gustavo Grobocopatel, quien recomendó al productor apuntar a la eficiencia productiva, la tecnología aplicada, la capacitación de la mano de obra y la habilidad comercial, sin desalentarse por aquellas cuestiones que no podía modificar por sí mismo (política cambiarias, de precio, impositiva, crediticia, precios internacionales). Las soluciones parten del preciso diagnóstico de los problemas de las empresas, afirmó en Edición Rural (1989).

En los años noventa, las privatizaciones de empresas públicas, la desregulación y la eliminación de las retenciones, fueron bien recibidas, pero el tipo de cambio fijo (un dólar un peso) dividió de nuevo al sector. Pues mientras que la Sociedad Rural se mostraba satisfecha, CRA, Coninagro y la Federación Agraria convocaron a la protesta (1993): había miles de productores arruinados por no estar en condiciones de adaptarse a la nueva situación. El Frente Agropecuario Nacional se opuso claramente a esta política.

En los años 1990, la revolución cerealera con fertilizantes y agroquímicos y los cambios a través de la genética animal y vegetal permitieron el pase del productor tradicional al ultratecnificado de hoy. Las exportaciones agropecuarias se duplicaron, fundamentalmente gracias al complejo aceitero y a las manufacturas de origen agropecuario (O. Barsky ). Asimismo se extendieron los pools de siembra que alquilan campos, proporcionan tecnología y convocan a inversores muy variados. Como consecuencia, resultó más conveniente arrendar tierras que comprarlas en un proceso a la inversa del que tuvo lugar 50 años antes.

Entre tanto se produjo la transferencia del patrimonio de tierras de familias tradicionales a otros sectores. Así desaparecieron apellidos tradicionales de los planos catastrales de la pampa húmeda. Asimismo, miles de agricultores, pequeños ganaderos y tamberos vendieron sus campos. Pero otros, se convirtieron en contratistas, compraron máquinas a crédito y prestaron servicios en otros campos.

En los últimos años, el horizonte de los cultivos se amplió hacia una nueva frontera. Los protagonistas de esta etapa prefieren llamarse a sí mismos chacareros Dentro de ese esquema desaparece la imagen del gran estanciero aunque sigan existiendo empresas con mucho campo y alto desarrollo (y también hacendados a la antigua, defensores a ultranza del criollismo). Y el mediano productor se constituye en aquella clase media rural cuyo escaso peso en la sociedad fue tantas veces lamentado en sucesivos análisis de la realidad histórica argentina.

La hora de la empresa

Ya no hay idea de estancia sino de empresa. La nueva generación de propietarios rurales ha dejado atrás su tradicional aislamiento y ha vuelto a vivir en el campo o en las ciudades cercanas.

En los noventa también se amplió el espectro de estudios sobre el tema rural, fenómeno que forma parte de la renovación de la historiografía en la Argentina. Esto dio lugar a polémicas entre quienes continúan aferrados a una visión estática del pasado –y recurrían últimamente a textos escritos en 1940 para ratificar sus hipótesis– y los que prefieren revisar conceptos y estereotipos con curiosidad y apertura.

En los primeros años del siglo XXI, urge dejar atrás viejas antinomias y mirar el escenario nacional e internacional con realismo, y sentimiento de patria. En ese contexto, el discurso que descalifica al productor rural y lo envuelve en el manto de la sospecha, debe dar lugar a un análisis objetivo acerca de la mejor estrategia para que la Argentina amplíe su participación en el mercado mundial de alimentos, en beneficio de todos.

*Historiadora, Academia Nacional de la Historia.