Clases Magistrales | Materia / Globalización
Asincronía: recalentamiento y democracias
Por qué la democratización global es la única solución para los problemas del ecosistema. Una propuesta posible.
Por Fernando Iglesias
os efectos sobre el clima y la geografía planetarios (aumento de las temperaturas medias y de la intensidad de los huracanes, derretimiento de los casquetes polares, desertificación y otros fenómenos climáticos destructivos, etcétera) han puesto la cuestión del recalentamiento global al tope de la agenda. Por un lado, crece el consenso científico acerca de la importancia causal del actual modelo civilizatorio y la existente matriz energética en el fenómeno. Por el otro, aumenta la conciencia planetaria sobre la gravedad de la amenaza en ciernes. El reciente otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Al Gore y al Panel Intergubernamental de la ONU sobre el Cambio Climático no ha hecho más que reflejar la creciente importancia del tema en el escenario político mundial.
Pese a ello, la reciente Conferencia de la ONU realizada en Bali (Indonesia) sobre el Cambio Climático –nótese que el nombre de la conferencia no menciona siquiera al recalentamiento global– se ha cerrado para negociar un futuro acuerdo; esto es: con un nuevo fracaso disfrazado de éxito. Una hoja de ruta cuyos objetivos son abstractos o están relegados en un pie de página, 307 millones de euros de presupuesto para ayudar al cambio tecnológico del mundo subdesarrollado, que necesitaría billones, y la paradójica promesa de un “Kyoto II” parecen un magro saldo para la única instancia reguladora del que parece hoy ser la principal amenaza a la subsistencia de la humanidad. En tanto crecen los debates sobre las causas climatológicas del “global warming”, el fracaso de las agencias intergubernamentales disfrazadas de internacionales y con pretensiones de ser mundiales desnuda sus raíces políticas: la asincronía entre una tecnología de efectos mundiales y un sistema político atado a concepciones nacionales.
Repasemos la situación: un bien público global que pertenece a toda la humanidad, el ecosistema, está siendo puesto en riesgo debido a las políticas energéticas irresponsables llevadas adelante –con distinto grado de irresponsabilidad– por la mayoría de los estados-naciones existentes. La causa es evidente: la emisión de gases que provoca el efecto invernadero es un excelente negocio para las empresas y corporaciones, ya que las externalidades negativas del consumo de petróleo, carbón y gas se dividen entre todos los seres humanos, mientras que los beneficios en términos de competitividad son apropiados enteramente por el actor contaminante. Ahora bien, si pasamos de los agentes económicos a los actores políticos, el resultado no varía: a cada país le conviene mantener una legislación ambiental permisiva dentro de sus fronteras, ya que los costos de las emisiones los pagan todas las naciones en tanto los beneficios son apropiados exclusivamente por las empresas del país contaminante.
Asincronías globales
El resultado del conflicto asincrónico entre un problema mundial y una noción de soberanía nacional restringida y territorialista, pensada en los términos –hoy fantasmales– de control soberano del “propio” espacio geográfico (las comillas son ya inevitables), ha sido la incapacidad manifiesta de los estados nacionales, las organizaciones internacionales y los paneles intergubernamentales para brindar respuestas que estén a la altura de las circunstancias. He aquí las consecuencias del desarrollo globalmente asincrónico entre un sistema tecnológico que avanza a la velocidad de la luz, escondido en los hilos de Internet y en las ondas electromagnéticas de los mass-media globales, un sistema económico que se mueve a la velocidad del sonido, bien protegido en los maletines de los mánagers globales que cruzan el mundo en aviones subsónicos, y un sistema político que progresa a la velocidad del tren, emblemático artefacto de las modernidades nacionales y que es el único de los mencionados que posee la conflictiva capacidad de retroceder en el espacio-tiempo.
No es casual que en el sistema tecnoeconómicamente integrado –global– y políticamente fragmentado –nacional-internacional– resultante, un acuerdo de objetivos modestos como el establecido por el protocolo de Kyoto (1997) haya sido sistemáticamente rechazado por los dos países que son los mayores responsables de las emisiones-invernadero: China y los Estados Unidos. Por eso, un hipotético Kyoto II no sólo carece de bases ciertas, sino que es en sí mismo “desilusionantemente” insuficiente respecto de la magnitud del desafío. Como es obvio, la negativa de un sólo estado a participar en un hipotético Kyoto bis volvería a colocar en situación desventajosa en términos de competitividad a sus competidores en el mercado mundial, lo que reforzaría la actual tendencia al “dumping” ecológico, ya que en un sistema políticamente internacional y ecológicamente global, ser el peor de la clase tiene sus recompensas. Lamentablemente, al mismo tiempo que permiten que el fenómeno siga avanzando, acuerdos ineficientes –como el de Kyoto– y conferencias sin resultados –como la de Bali– tranquilizan las conciencias con un mensaje falso de que los estados nacionales y sus gobernantes hacen algo para solucionar el problema.
Déficit democrático y recalentamiento
Es el déficit democrático del orden mundial el que recalienta el clima del planeta. El recalentamiento global –para no hablar de la proliferación nuclear, la volatilidad financiera internacional, el terrorismo global o el aumento planetario de las desigualdades económico-sociales, entre otros temas calientes– pone en cuestión la regla elemental de la democracia representativa, que se basa en que todos los afectados por una decisión política tienen derecho a participar de esta a través de sus representantes elegidos a tal efecto. ¿Quién puede sostener, con un mínimo de racionalidad, que es este el caso en temas como el global warming o en las demás cuestiones en las que se juega el provenir del mundo? ¿Quién puede aún creer que gobernantes nacionales elegidos para defender los intereses de su país y que responden a sus clientelas políticas y económicas nacionales pueden resolver el problema? Sin modificaciones al tratamiento internacional de las crisis globales, ¿quién convencerá a un delegado del gobierno estadounidense de que es necesario disminuir las cilindradas de los automóviles, a uno brasileño de que la Amazonia debe ser preservada a toda costa, a los de los países de la OPEP de que es inteligente aplicar una tasa global a los combustibles fósiles, entre muchos ejemplos? ¿Qué enviado de un poder ejecutivo nacional avalaría acuerdos como esos sabiendo que al regreso al suelo patrio lo espera el despido?
En un mundo en el que, como ha escrito George Monbiot, todo se ha globalizado menos la democracia, o se globaliza la democracia o se acaba el mundo. En un marco de virtual imposibilidad de llegar a acuerdos internacionales, las palabras del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon (“Un camino conduce a un acuerdo amplio sobre el cambio climático, y el otro a la extinción"), suenan apocalípticas. La crisis provocada por el recalentamiento global nos dice así que no habrá futuro para la humanidad en un planeta integrado tecnológica y económicamente, pero políticamente fraccionado en más de 200 estados que continúan defendiendo sus fantasmagóricas soberanías nacionales en tanto dentro de sus fronteras muchos fenómenos globales destructivos siguen transitando y dejando tierra arrasada.
Hacia un parlamento mundial
La crisis provocada por el recalentamiento global y la insuficiencia de las soluciones aportadas por las agencias intergubernamentales demuestran que ha llegado el momento de reformar democráticamente las Naciones Unidas para que puedan cumplir con los objetivos por las que fueron creadas, así como de encarar la construcción de instituciones democráticas mundiales que se ocupen de representar los intereses de todos los ciudadanos del mundo y no sólo los de sus gobiernos. Hablo de un Parlamento Mundial. Ese Parlamento Mundial que al menos desde Tennyson y Víctor Hugo forma parte de los mejores sueños de la humanidad, pero que ahora se ha revelado de una necesidad imperiosa y urgente para acabar con la agobiante mezcla de caos y tiranía que han traído el nacionalismo y el presidencialismo aplicados a los asuntos globales. Y en este terreno, el de la construcción de un cuerpo parlamentario mundial con capacidades legislativas en los asuntos globales, la campaña a favor de la creación de una Asamblea Parlamentaria de la ONU (UNPA) lanzada este año por el Comité por una ONU Democrática, el Movimiento Federalista Mundial y una vasta red de organizaciones de la sociedad civil y parlamentarios de todo el mundo –refrendado por 418 firmas de parlamentarios de 78 países–, es sin duda el más avanzado.
La petición por la UNPA –que será entregada al final de la Campaña al Secretario General de la ONU por su predecesor Boutros-Boutros Gali– ha sido refrendada por 29 parlamentarios argentinos provenientes del Frente para la Victoria, la UCR, el Peronismo Federal, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, el ARI, Recrear y el Bloque Renovador. Mundialmente, con sus 418 firmas salidas de las manos de legisladores nacionales de 78 países, la campaña por la UNPA promete repetir el formidable trabajo en red desarrollado en los 90 por la Coalición por la Corte Penal Internacional que ha llevado en el 2002 al establecimiento de la CPI. Si no estoy errado, el proceso entero promete repetir el valioso éxito alcanzado por esta última, que significó un consistente paso en la globalización de la Justicia.
Ahora bien, la pregunta necesaria es: ¿qué podría hacer si existiera una Asamblea Parlamentaria de la ONU inicialmente formada por parlamentarios nacionales y de capacidades meramente consultivas, como propone la Campaña por la UNPA en la cuestión del recalentamiento global? ¿De qué manera podría efectuar una contribución que “hiciera la diferencia” respecto de lo aportado por la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático o la Agencia Ambiental de la ONU propuesta por el ex presidente de Francia, Jacques Chirac, o las varias propuestas internacionales disponibles? Y bien, lo que la UNPA puede aportar es nada más y nada menos que democracia. Más claro: dado que el recalentamiento global se deriva del déficit democrático del orden mundial, solamente la UNPA puede focalizar la atención sobre el factor político que desata la crisis ecológica y aportar una contribución decisiva a su resolución mediante un programa de pasos sucesivos. Veamos.
En primer término, una Asamblea Parlamentaria de la ONU creada por resolución mayoritaria de su Asamblea General podría convocar a una asamblea ambiental mundial, como la propuesta por Chirac, otorgándole legitimidad democrática y haciendo políticamente viable el plan contra el recalentamiento global que elabore destinado a reemplazar, en el 2012, el desfalleciente Protocolo de Kyoto. Debería tratarse de un plan global, y no internacional ni intergubernamental, con objetivos mucho más ambiciosos que los fijados en Bali y que disponga medidas punitivas pacíficas –en términos de comercio internacional, de circulación de capitales y otros similares– para las naciones y las empresas provenientes de esas naciones que intenten ganar ventajas competitivas al violar sus disposiciones. El principio político es aquí bien evidente: para participar de un mercado económico mundial hay que respetar las regulaciones ecológicas mundiales. Las naciones que elijan no hacerlo en nombre de su soberanía pueden seguir vendiendo soberanamente sus mercancías dentro de sus soberanas fronteras, pero encontrarán barreras proteccionistas –del ambiente– levantadas por las demás si tratan de vender al exterior.
Si el plan elaborado por una Asamblea Ambiental Mundial supervisada por la UNPA fuese aprobado por ella y luego por la Asamblea General de la ONU, sólo el veto de uno los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad podría impedir su aplicación global. ¿Qué gobierno democrático enfrentaría las enormes presiones que originaría una negativa a un plan elaborado globalmente según las reglas de la democracia? ¿Acaso el gobierno de los Estados Unidos afrontaría un imprevisible impacto electoral en su masa de votantes, que tiene una sensibilidad mucho mayor a las cuestiones ambientales que su gobierno nacional? En el peor de los casos, el protocolo resultante podría ser aprobado por el resto de los países con una legitimidad incomparablemente mayor a la que ha nunca tenido Kyoto y a la que le daría una conferencia intergubernamental como la propuesta en Bali. La cuestión de la sanción de los estados rebeldes podría pasar a manos de la Organización Mundial del Comercio –en la que no existe veto ni miembros permanentes, sino que está vigente la regla “un país- un voto”– bajo la caracterización de dumping ecológico y la violación de las reglas del comercio equitativo.
Desde luego, no se trata aquí de proponer una solución mágica, sino de aplicar el método democrático a la resolución de los conflictos que inevitablemente genera un mundo cada vez más integrado. En todos los casos, la mera existencia de la UNPA, su capacidad de supervisión de la cuestión y su propósito de intervenir democrática, pacífica y de forma consensuada en las crisis de escala mundial que una sociedad progresivamente globalizada comporta constituiría un extraordinario paso adelante. Probablemente, abriría el camino para aplicar a la resolución de las cuestiones globales la misma receta que consideramos hoy irremplazable para las decisiones políticas nacionales: la democracia.
Finalmente, todo probable éxito que obtuviera la UNPA en la resolución del problema del recalentamiento global facilitaría su conversión en un verdadero Parlamento Mundial con funcionamiento permanente, elección directa de sus representantes y competencias legislativas en las grandes cuestiones globales. No son estos objetivos más utópicos ni menos importantes que los que se fijaron quienes en los últimos siglos dieron la batalla por la constitución de parlamentos y regímenes democráticos de una escala tan nacional como los problemas que estaban llamados a resolver. ¿O acaso hay que esperar una crisis de proporciones y consecuencias similares a la provocada por la Segunda Guerra Mundial –una futura “guerra civil mundial causada por el recalentamiento global” como han profetizado las agencias de la ONU– para que los gobiernos nacionales comprendan que cuando resignan las competencias que no pueden desempeñar adecuadamente en una entidad democrática mundial, no pierden poderes, sino que los ganan?