Información general | Caso del Country
La larga mano de la política
Renuncia de funcionarios, acusaciones y mensaje borrado. ¿Hacia otro crimen impune?
Por Pablo Mancini
La resolución del crimen de Nora Dalmasso parece enredada por las relaciones políticas de sus protagonistas. Análisis de ADN sin resultados, pruebas que se desvanecen en los despachos, abogados ligados al poder obligados a declarar y funcionarios que renuncian en medio de versiones de encubrimientos. Fuentes cercanas a la investigación revelan una prueba decisiva de la trama política: un funcionario habría pedido a una empresa telefónica que borre un mensaje clave. Sin embargo, eso no alcanzaría para derribar la investigación: las llamadas y los mensajes también quedan registrados en otros soportes de almacenamiento.
La sobreactuación del gobernador José Manuel De la Sota pidiendo que los asesinos “se pudran en la cárcel” confirma el enrarecido clima político.
Alberto Bertea, secretario de seguridad de Córdoba, está en la mira. Renunció a su cargo y puede desatar el nudo de la trama. Siguió los pasos de su ex asesor, Rafael Magnasco, que fue la primera figura política imputada en la investigación. Se presentó de manera espontánea tras conocer los rumores que lo relacionaban con la víctima, se ofreció para que le practiquen los análisis de ADN, y admitió que era amante de Nora.
A Bertea y Magnasco se sumaría Amadeo Nicolás Curchod, secretario de faltas gravísimas del tribunal de conducta policial. Es el dueño de la casa-quinta en el barrio Banda Norte donde se organizó el famoso asado para recibir a Bertea, de regreso de un viaje a Israel. Allí también estaba el abogado Víctor Daniele, amigo de los funcionarios Magnasco y Bertea. Daniele, que fue citado a declarar como testigo, estuvo en la cena con sus amigos políticos hasta la 1.30 de la mañana del 25 de noviembre. A esa hora se habría retirado para ir a buscar a sus hijos y llevarlos a la casa de su ex mujer en Villa Golf, el mismo barrio donde residía y sería asesinada horas después Nora Dalmasso. También otro político, el legislador provincial Alfonso Mosquera, tuvo que declarar. Amigo del viudo Marcelo Macarrón, fue citado para informar a la justicia sobre su paradero la noche del crimen.
El secretario de Seguridad Bertea renunció por razones que a muchos les cuesta comprender: "Con mi alejamiento del cargo se evitarán los comentarios malintencionados de quienes pretenden sospechar que mi desempeño personal y funcional podría entorpecer la investigación", explicó.
Daniel Lacasse, el vocero de Marcelo Macarrón, también está vinculado a la política: es un ex funcionario menemista y amigo del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota. El vocero se puso a la cabeza del intento mediático para despolitizar el crimen. Para el abogado, la renuncia del secretario de Seguridad "es un hecho ético. No vamos a permitir que se enlode a la provincia ni a De la Sota por parte del juecismo. Esto es una muerte de una particular, no vamos a permitir que ningún sector la quiera aprovechar".
El contenido de los mensajes eclipsa la investigación indispensable que debería llevarse a cabo para saber quién mató a Nora Dalmasso, y la búsqueda de amantes se confunde con la búsqueda del asesino. El crimen del country se vuelve cada vez más complejo y la trama política, lejos de desaparecer, aumenta y podría comprometer a otros funcionarios públicos.
Las pericias sobre los teléfonos celulares de Dalmasso y de los sospechosos, que hasta ahora se han limitado a captar y analizar los mensajes de texto recibidos y enviados por la víctima, podría arrojar más pistas para esclarecer el caso. Pero la política parece haber metido la cola.
Hasta ahora, la resolución parecía centrada en la muestra de semen hallada en el cadáver, en los comensales del asado del poder y en los mensajes de texto enviados y recibidos por la víctima. Por lo demás, sólo ha habido piezas sueltas o poco consideradas.
ADN. ¿Por qué no se pudo detectar ADN en la muestra de semen obtenida del cuerpo de Nora Dalmasso? En Río Cuarto sospechan que pudo haber manipulación de los datos. Los expertos aseguran que con materiales forenses ocurre más veces de lo que se piensa. Una de las posibilidades es que se haya encontrado poco volumen de semen y, por ende, escasos espermatozoides, que son las células que pueden transportar el material genético del sospechoso. Otros factores también pueden conspirar contra el éxito de la prueba, como, por ejemplo, que la víctima hubiera usado una crema espermicida vaginal.
"Tal vez con una segunda preparación (de la muestra) se obtenga el perfil genético, pero no hay ninguna garantía", advierte Viviana Bernath, directora del laboratorio Genda de diagnóstico genético. Los investigadores contarían con una nueva posibilidad: recurrir a centros de investigación en el exterior que perfeccionaron técnicas de vanguardia (como la disección con láser o el SNPS de cromosomas) para lograr el perfil genético desde muestras degradadas o con muy poco ADN. "En la Argentina se trabaja muy bien. Pero en los casos tremendamente difíciles, los laboratorios especializados tienen más probabilidades de obtener buenos resultados", dice a NOTICIAS desde España Ángel Carracedo, director del Instituto de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela.
La investigación que falta. Con métodos de investigación tecnológica disponibles en el país se podría echar luz sobre los datos conocidos como "información asociada a las telecomunicaciones": es decir, el lugar desde donde se realizó una llamada o se envió un mensaje de texto. Incluso sería posible conocer cuál fue el recorrido que hizo una persona, o dónde estaba a determinada hora, si llevaba consigo su celular prendido. Reorientando la investigación en ese sentido, si el asesino tenía su celular disponible, o si no estaba apagado el celular de Nora que el homicida se llevó después de estrangularla, la justicia estaría a muy poco de dar con el autor del crimen.
Así se lo explica a NOTICIAS el profesor e ingeniero Ariel Garbarz, del Proyecto Nacional de Seguridad Teleinformática UBA-UTN: "Aunque los contenidos de voz y de texto de los distintos mensajes no queden almacenados en los celulares y en la red, igualmente es posible demostrar conectividad entre victimas y/o sospechosos. Pero más importante aún es que pueden rastrearse las localizaciones de los sospechosos antes, durante y después del hecho investigado".
Los celulares, aunque no se realicen llamadas ni se envíen mensajes de texto, son: "Encendido, en stand by o en uso, en la oreja o en el bolsillo, un celular informa su posición permanentemente a las antenas que le prestan servicio y esa posición queda almacenada. Si un asesino se lleva el celular de su víctima de la escena del crimen y luego lo destruye, apaga, esconde o arroja en otro sitio, igualmente se puede rastrear su recorrido y compararlo con el recorrido que realizó su propio celular, el del sospechoso. Si hay coincidencia de posiciones en el recorrido de ambos celulares, la investigación estaría resuelta", explica Garbarz.
Para el especialista "no hay ninguna justificación técnica para que los mensajes de texto hayan sido encontrados una semana después del crimen, en los chips de los celulares o de las centrales telefónicas. La información de quiénes eran los contactos de la víctima y de los lugares donde estuvieron sus celulares antes, durante y después del crimen, estaban disponibles desde el primer momento en las computadoras de esas centrales".
Si bien el obstáculo para esta investigación es que las empresas de telefonía móvil no están legalmente obligadas a captar, conservar y derivar los protocolos de las comunicaciones (dentro de los cuales están los datos necesarios para hacer el rastreo), la información necesaria podría ser recuperada por los investigadores.
Vacío legal. En noviembre del 2004 se realizaron algunas modificaciones, a través del decreto 1563, a la Ley Nacional de Telecomunicaciones. Las nuevas especificaciones, que no llegaron a tener vigencia legal, obligaban a las empresas proveedoras a captar, conservar por diez años y derivar a la Secretaria de Inteligencia del Estado (SIDE) toda la información relativa a sus clientes y a los usos que estos hicieran de los servicios.
El decreto generó tanto rechazo en la sociedad, que veía amenazada su intimidad, como entre las empresas de telecomunicaciones, que tampoco estaban de acuerdo con las modificaciones, porque deberían invertir en tecnología y mantenimiento. En mayo del 2005 la Justicia declaró inconstitucional el decreto conocido como "la ley espía". Aún ante ese vacío legal, y ante la complejidad investigativa que implica el hecho de que cada empresa prestataria conserve estas informaciones, aún así, sería posible dar con el paradero de los sospechosos antes, durante y después de la noche del crimen, con un margen de error menor a los 100 metros. Salvo, claro, que se interponga alguien con mucho poder o influencia, que logre que se dejen de lado algunas pruebas clave.
"Supongamos -dice Garbarz- que los datos se hayan volatilizado por cualquiera de estos motivos o inclusive por destrucción intencional de la prueba dentro de una determinada empresa telefónica. Si las comunicaciones fueron entre celulares de distintas prestatarias, como ocurrió en Córdoba, se pueden buscar las copias de esos datos en la otra empresa o incluso en las computadoras de la red terrestre. En esos casos hay al menos tres memorias digitales de tres operadores distintos, que necesariamente debieron copiar el protocolo para establecer cada comunicación", detalla el científico.
A tres semanas del crimen, la trama política es lo único que se mantiene en pie, en las pruebas que fallan y en aquellas que no se investigan. Lejos de minimizarla, la renuncia del secretario de Seguridad profundiza la dimensión política del crimen del country. Las telecomunicaciones no analizadas, la ubicación de los celulares de los sospechosos y los registros que habrían sido borrados, pero que pueden ser recuperados por especialistas, podrían contribuir a saber quién mato a Nora Dalmasso y cuánto hay de político en el crimen del Villa Golf Club.
(sbt)Mucho ruido, pocas nueces(sbt2)
Tres fiscales, dos jefes de policía, un fiscal general, cuarenta uniformados y ningún resultado. A esta altura, el crimen del Golf es un espejo de la improvisación en materia de seguridad que caracteriza al gobierno de José Manuel De la Sota. Las deficiencias presupuestarias, la carencia de elementos y la permanente improvisación, marcan el ritmo de una investigación que ahora se embarra en el fango de la política. Y no por culpa de la oposición, como denunció el mediático abogado de la familia Macarrón. Fue el propio gobernador quien sostuvo en su cargo a su secretario de Seguridad, Alberto Bertea, en cuyo honor se hizo la cena que investigan los fiscales como la principal usina de sospechosos del crimen de Nora Dalmasso. ¿Realmente pensó De la Sota que sacrificando a un funcionario de tercera línea como Rafael Magnasco se terminarían las sospechas que rozaron desde un primer momento al poder político de la provincia?
La desconfianza pública se cierne ahora sobre todos. Sobre el Ceprocor, que hasta ahora fue incapaz de establecer el patrón genético del hombre que estuvo con Nora la noche del crimen; sobre los fiscales, que a tres semanas del crimen no han podido darle una orientación cierta a la investigación y carecen de un móvil que explique la conducta homicida del asesino; sobre el jefe de Homicidios de Córdoba, cuya presencia no aportó nada sustancial a las pesquisas realizadas por los uniformados; sobre el cerco que se hizo (o que no se hizo) en la escena del crimen al momento de encontrar el cuerpo; sobre las extracciones realizadas por los médicos forenses; sobre las pruebas que enviaron (y que no enviaron) los fiscales para su análisis; y sobre el cruzamiento de llamadas a los teléfonos celulares de la víctima, que hasta ahora tampoco parecen haber arrojado resultados concretos.
Escribe H. Vaca Narvaja, Director de revista
El Sur, de Río Cuarto.
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