El procurador general del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, es desde esta semana sospechoso. Y la ministra de Economía, Felisa Miceli, deberá dar todavía una larga serie de explicaciones en el juzgado federal de Sergio Torres que investiga el frustrado pago de 587 millones de pesos al Grupo Grecco.
El fiscal del caso, Miguel Ángel Osorio, imputó esta semana al procurador y pidió que se lo investigue por el presunto delito de violación de documentos. Es que el funcionario está acusado de haber presentado un dictamen avalando el pago que luego habría cambiado por uno en el que evita pronunciarse sobre el tema tras recibir una “recomendación” del Ejecutivo. La contradicción podría determinarse a partir de la presentación del abogado Ricardo Monner Sans de una copia sin firma del primer dictamen, que luego habría sido remplazado. El letrado recibió una carta documento del Grupo Grecco, advirtiéndole que lo denunciarán penalmente.
El pronunciamiento de Guglielmino había sido requerido por la ministra de Economía, Felisa Miceli, para avalar una resolución del Ministerio ordenando la nulidad del pago a los Grecco, por estar viciado de errores, y la investigación de toda la cadena de funcionarios que avaló el avance del expediente desde el 2004 en el Palacio de Hacienda. Hasta aquí todo correcto, si no fuera porque la resolución en cuestión fue emitida el 23 de enero de este año, y viene a cuestionar una orden firmada por la misma Miceli en septiembre del 2006 e incluída en el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso.
Aunque ahora la ministra busca deslindar responsabilidades en la estructura técnica de su cartera y extender las sospechas a la gestión de Roberto Lavagna, la denuncia presentada en el juzgado de Torres indica que la secretaria Legal y Técnica de la cartera, Estela Palomeque, -de entera confianza de la ministra- tuvo el expediente durante unos 20 días bajo su análisis y no presentó ninguna objeción. Más allá que quien puso la última firma al proyecto fue la ministra.
Encriptado. Lo más llamativo de la orden de cancelar la deuda en el proyecto de ley enviado al Congreso es que el pago estaba escondido. En realidad, consiguió la aprobación en la Cámara de Diputados y recién “saltó” en el Senado cuando los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales reclamaron conocer el destino de una ampliación en 1.300 millones de pesos de las emisiones de bonos de consolidación de deuda previstas en el proyecto de ley. Inicialmente se sugirió que se trataba de una colocación de títulos públicos que estaría destinada a cancelar obligaciones con ex empleados de YPF y jubilados. Luego se argumentó, como toda explicación formal, que se trataba de fondos destinados al “pago a proveedores”.
Recién a través de un mail informal enviado por el director de Administración de la Deuda Pública del Ministerio de Economía, Jorge Amado, enviado al senador kirchnerista Jorge Capitanich, el funcionario técnico reconoce que entre los jubilados y ex empleados de YPF del rubro proveedores figura un pago de 587 millones de pesos al Grupo Grecco. La copia de ese correo electrónico fue entregada a Torres, según fuentes del caso.
Con la polémica instalada en los medios y la amenaza de que el caso Grecco se transformara en un nuevo caso Meller -que terminó con el desplazamiento de buena parte de la Corte Suprema- el Gobierno dio marcha atrás y denunció lo que un par de meses antes había aprobado. Tarde. Ahora Miceli deberá explicar cómo fue que “se le pasó” un pago incorrecto de casi 600 millones de pesos o por qué se arrepintió.