Tal vez de haberlo imaginado, jamás le hubiera prestado su automóvil. Tanus Gerges sabe que a él estaban dedicadas las balas que acribillaron a su hermano Pierre. Es imposible que los sicarios que emboscaron el auto del director de Reporte Diario supieran que en ese momento quien lo conducía era el vicedirector de la publicación sobre economía.
Obviamente, el asesinato del directivo de un medio de prensa opositor es un hecho políticamente grave, pero posiblemente no más grave que la ley de seguridad nacional que está imponiendo Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque es muy grande la probabilidad de que al crimen lo hayan ordenado mafias enquistadas en el poder, pero no el poder mismo; mientras que la ley que impone colaboración forzosa con el espionaje interno está impulsada por el propio Presidente y constituye un crimen contra la libertad individual y la ética del ciudadano.
Sin embargo, la atención de la prensa en Latinoamérica se olvidó tanto del crimen como de la totalitaria injerencia del espionaje estatal en la sociedad, ni bien el exuberante líder caribeño pronunció un discurso reclamando a las FARC que liberáran a los secuestrados sin recibir nada a cambio. También les pidió que se desarmen, argumentando que en estos tiempos la lucha guerrillera no tiene mayor sentido.
Indudablemente, semejante exhortación es importantísima, sobre todo por estar destinada a una guerrilla de la cual el presidente venezolano se había constituido prácticamente en su defensor internacional.
No es fácil de entender. Hace sólo algunos meses, Hugo Chávez reclamó a la OEA, a las Naciones Unidas y a los gobiernos del mundo que sacaran a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la lista de organizaciones terroristas. Pidió que la guerrilla colombiana fuera considerada con el estatus de “fuerza beligerante”. En esos mismos días se refirió a Manuel Marulanda Vélez, como “camarada” y amigo”. Y si bien invitó al legendario Tirofijo a convertir su viejo movimiento insurgente en un partido de izquierda bolivariana, haciendo flotar la posibilidad de financiarlo desde Caracas, dejó también en claro la consideración de que su lucha armada era legítima y representaba un proyecto nacional para Colombia.
Posteriormente, cuando misiles lanzados desde helicópteros artillados cayeron sobre un campamento rebelde en territorio ecuatoriano desintegrando al comandante Raúl Reyes, Hugo Rafael Chávez Frías rindió tributo al número dos y canciller de las FARC, refiriéndose a él como un prócer heroico incuestionable.
En términos similares, aunque más elogiosos aun, se refirió al propio Pedro Antonio Marín, alias Marulanda y Tirofijo, al morir recientemente. Una larga lista de elogios y defensas que marchaban a contramano de la consideración mundial en la que predomina la convicción de que, más allá de su origen legítimo y su pasado valeroso, las FARC de hoy son una banda envilecida, militarmente destartalada pero económicamente poderosa por sus vínculos con el narcotráfico y por la práctica de los secuestros extorsivos a escalas industriales. A esa banda se le reprocha, además, la crueldad aberrante de tener por escudos humanos a rehenes sometidos a las tortuosas y humillantes condiciones de vida de los campos de concentración.
Si Chávez defendió y legitimó tanto a esa guerrilla tan cuestionada, por qué la exhorta ahora a entregar su escudo humano sin recibir nada a cambio, y a entregar sus armas y desmovilizarse. ¿Cómo se entiende que alguien le reclame la capitulación incondicional a una organización militar a la que siempre justificó?
Las probables explicaciones de semejante cambio son las siguientes:
• Hugo Chávez actuó para contrapesar la denuncia del gobierno colombiano sobre la intercepción de un cargamento de municiones proveniente de Venezuela y destinado a las FARC, lo que se sumó a la convalidación de los peritos de INTERPOL sobre el contenido de los ordenadores de Raúl Reyes.
• Actuó para reemplazar con la exhortación a las FARC las noticias del crimen del directivo del diario opositor y su peligrosa ampliación de la injerencia de los servicios de inteligencia en la sociedad venezolana.
• Recibió de la comandancia de las FARC el anuncio de la pronta liberación de rehenes, o al menos de la buscadísima Ingrid Betancourt, entonces el presidente venezolano formuló su público reclamo por la liberación de los rehenes para que, al concretarse, el mundo la perciba como resultado de su pedido a la guerrilla.
De las tres, la posibilidad más auspiciosa es la tercera, y tal vez explique por qué, en los últimos días, en Bogotá circuló tanto la versión de una inminente liberación de rehenes.
Si así ocurre, merced a la sorpresiva y sorprendente exhortación, el presidente venezolano quedará como el artífice del final de un tormento atroz. Y la resonancia internacional será tan impactante, que eclipsará totalmente acontecimientos tan graves como el asesinato del directivo periodístico y la ley que impone la colaboración forzosa del ciudadano con los servicios de inteligencia del Estado venezolano.
La publicación Reporte Diario de la Economía llevaba meses denunciando agujeros negros de corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA), la riquísima petrolera estatal. Los informes periodísticos presentaban pruebas irrefutables de sobreprecios en la compra de pozos y yacimientos, además de la existencia oculta de negocios con narcotráfico y legiones de sicarios para eliminar acusadores y testigos.
Por cierto, a la sombra omnipresente de Hugo Chávez multiplicó sus metástasis un viejo tumor del Estado venezolano: la corrupción. Pero sería absurdo que desde la cúpula gubernamental se haya ordenado un crimen que perjudica tanto al presidente.
En cambio, la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia que el Gobierno acaba de imponer por decreto tiene por ideólogo y ejecutor al propio Presidente. Y se trata de una ofensiva contra las libertades públicas e individuales mucho más grave que el cierre de un canal opositor de televisión, porque lleva al poder del Estado hasta las fronteras mismas del totalitarismo.
De por sí es grave permitir, como lo hace la nueva ley, detenciones e indagaciones violatorias del Código Penal. Igual de grave que relativizar la presunción de inocencia y permitir la intervención de teléfonos. Pero mucho más grave es el derecho estatal a obligar a los ciudadanos a cooperar con los cuerpos de inteligencia.
Con esa desmesurada atribución, el espionaje interno del chavismo se parecerá a la Mujabarat, nombre de los servicios de seguridad en Siria, Pakistán, Irak y Arabia Saudita, que bajo dictadores como Hafez el Assad, Saddam Hussein y Pervez Musharraf, así como de monarcas absolutistas como Abdulá ben Abdulaziz al Saud, terminan convirtiendo a los ciudadanos en una legión de espías que delatan a sus propios vecinos.
La GESTAPO en el totalitarismo nazi, así como el KGB soviético y la Stasi en Alemania Oriental, entre tantos otros, fueron el instrumento totalitario por excelencia, porque al tener el derecho y el poder a infiltrarse en la vida de cada ciudadano, lo que hicieron fue abolir la intimidad. Y ese es el punto en el que nace la sociedad totalitaria: la abolición de la intimidad. Ergo, la muerte del individuo.
A esta instancia se arriba a partir de otra tragedia humana: la obligación de delatar a los disidentes. El hombre obligado a ser delator de sus conciudadanos sufre un quiebre ético y se derrumba frente al poder vigente.
Hacia esos umbrales conduce la ley que impuso Chávez por decreto. Y el único en toda América que no puede cuestionarlo es George W. Bush. Sucede que la desmesura contra la libertad individual que acaba de cometer el exuberante líder caribeño, se parece bastante a la Ley Patriótica que estableció la Casa Blanca con el pretexto del terrorismo, y con la cual debilitó la institucionalidad y la juridicidad en los Estados Unidos.
