Las mismas virtudes que los cristinistas exaltan como explicaciones
del arrasador 50% de los votos son vistas ahora como acechanzas a la
gobernabilidad de Cristina Fernández en los próximos cuatro años. Los
planes sociales que reciben casi cinco millones de argentinos, la asignación por hijo que cobran 3.600.000 familias, los haberes jubilatorios actualizados un 800% desde el 2003 y las actualizaciones paritarias para los trabajadores registrados –más o menos en línea con la inflación real–, fueron los grandes motivadores del voto popular del 14 de agosto.
¿Acaso se dispondrá de semejantes recursos el año que viene con un crecimiento estimado del 4% y una caja fiscal en apuros? En la Casa de Gobierno admiten el cambio de escenario, pero no una rendición filosófica. El “gasto social” fue el fundamento de la campaña oficialista apoyada en la “gestión” y no les fue nada mal. Al fin y al cabo, se trata del manejo de una extensa red clientelar que ha beneficiado también a gobernadores e intendentes alineados con la Nación. “Pero no es sostenible en el tiempo –explica un ministro que ya confirmó su continuidad en el próximo gabinete de la Presidenta–.
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