Cada vez que el presidente Néstor Kirchner aparece en público, las cámaras de una empresa privada registran sus movimientos. La grabación permanente permite que los encargados de la imagen presidencial dispongan de un archivo formidable y lleven a la televisión el material que mejor sirve a sus objetivos políticos. En ciertas ocasiones, los canales trabajan con sus propios equipos, pero otras veces descansan (por necesidad o por conveniencia) en las imágenes que facilita el departamento de prensa de la Casa Rosada. La empresa elegida por el vocero de Kirchner, Miguel Núñez, para prestar este servicio cobró 4.465.384 de pesos a lo largo de tres años en contrataciones directas, sin pasar por una licitación. La modalidad llamó la atención de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el organismo de control del Estado, cuyos auditores solicitaron el expediente en el 2005 para su análisis.
Recién luego de que esto ocurriera, Martín Granovsky, el presidente de Télam, la agencia oficial de noticias que es la encargada de ejecutar estas contrataciones, llamó a una licitación pública que emprolijó la relación.
El proveedor de este servicio tan vital para los encargados de la imagen K sigue siendo el mismo: la productora La Corte, fundada por los hermanos Pablo y Daniel Monzoncillo, y una de las pioneras en el arte de poner la tecnología de los camiones de exteriores y de las transmisiones satelitales al servicio de la política: cuando Eduardo Duhalde todavía mandaba en Buenos Aires, los móviles de La Corte le permitieron organizar un congreso del peronismo provincial con la presencia simultánea, vía satélite, de dirigentes de localidades alejadas.
La productora tiene, además, importantes clientes en el sector privado. Le alquila sus estudios, ubicados en el barrio porteño de Chacarita, a ciertas señales de televisión por cable (como el El Gourmet.com y el Canal Rural); y fue la elegida por la cadena norteamericana Sony para la realización en la Argentina de la versión latina de American Idol, el reality de música.
Pero cada vez que los viajes de Kirchner al exterior se lo exigen, Monzoncillo vuela (muchas veces en el Tango 01, como parte de la comitiva) para auditar personalmente las coberturas de las giras del Presidente. Y desde que Cristina Fernández de Kirchner es presidenciable, La Corte también la persigue como una sombra: hace algunos meses, Pablo Monzoncillo viajó con la senadora a Venezuela, en una gira que no tuvo gran repercusión en los medios.
En la era pre-Kirchner, el canal estatal (ATC en una época, Canal 7 en su actual denominación) se integraba a las comitivas oficiales y compartía con los otras señales de aire y de cable las imágenes de la actividad presidencial en el exterior, que suelen ser muy costosas y de poco impacto en las noticias. Para satisfacer las demandas del matrimonio presidencial, cuya obsesión por la imagen ya es bien conocida, Núñez sofisticó y “privatizó” el servicio, que también contempla la distribución de sonido de los actos a través de un sitio de Internet.
Según un detalle brindado por la agencia Télam, La Corte se encarga de las transmisiones satelitales nacionales y desde el exterior, de la grabación, edición, distribución, clasificación y edición de las actividades de Kirchner. Bajo la supervisión de la oficina del vocero, cubre los actos en la Casa Rosada en el conurbano de la provincia de Buenos Aires y en cualquier lugar del interior del país. Hasta los adversarios internos de Núñez en el Gobierno elogian el trabajo profesional de Monzoncillo, pero no dejan de preguntarse por la naturaleza de la relación entre ellos.
La influencia del vocero hizo que La Corte, que había sido contratada durante la gestión de Aníbal Ibarra en la jefatura del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, siguiera facturando cuando lo reemplazó en el cargo Jorge Telerman. Los montos que perciben los Monzoncillo por sus actividades en la ciudad son jugosos. Ante un pedido de acceso a la información pública, el Ministerio de Hacienda porteño informó el detalle de las órdenes de pago emitidas a nombre de La Corte desde el año 2003 y hasta mediados del 2006: en total, suman más de 2.000.000. La suma por los servicios prestados a Kirchner, Ibarra y Telerman, hasta mediados del año pasado, se ubica por arriba de los 6.500.000 de pesos.
La cifra de los contratos con el Poder Ejecutivo Nacional proviene de otros pedidos de acceso a la información pública, que tramité a través de la secretaría de Medios, a cargo de Enrique “Pepe” Albistur. Esta secretaría es la encargada de solicitar a Télam la emisión de las órdenes de pago. Aunque quien en definitiva decide es el vocero presidencial, dado que entre sus funciones específicas está la de proveer de material fílmico a los medios.
Un dato interesante que surge de las respuestas de Télam es la evolución constante de la demanda de los servicios de Monzoncillo. En el 2004 facturó 731.498 pesos más IVA; en el 2005, casi el doble: 1.203.073 más IVA; y en el 2006, cuando aún no había terminado el ejercicio, ya había sumado 2.530.813 pesos más IVA.
La primera solicitud de información que realicé, amparada en un decreto de Kirchner, disparó un intercambio de notas, bastante prolongado en el tiempo, que vale la pena reconstruir paso a paso. Entre otras cosas, porque terminó con el primer llamado a una licitación pública de la gestión de Granvosky al frente de Télam.
(sbt)Primer intento. (sbt2)En el mes de abril del 2006, solicité las órdenes de compra libradas a nombre de la empresa La Corte S.A. a partir del año 2004 y pedí que informaran cuál había sido la modalidad de la contratación (para saber si había existido una licitación o una compulsa de precios y conocer qué otras productoras compitieron).
(sbt)Primera repuesta. (sbt2)A comienzos de junio, me informaron la facturación de La Corte S.A. a lo largo del 2004. Según la Inspección General de Justicia, la sociedad de La Corte está integrada por los hermanos Pablo y Daniel Monzoncillo. La nota señalaba que la empresa había sido seleccionada por concurso de precios entre distintos proveedores -a los que no identificaron- porque presentó “el presupuesto más conveniente”. Nada sobre los años sucesivos.
(sbt)Segundo intento. (sbt2)Elevé una carta en la que reiteraba el pedido de información sobre las órdenes de pago emitidas en el 2005 y el 2006. Tardaron más de un mes en responderme que La Corte S.A. no le había facturado absolutamente nada a Télam durante ese período. ¿Cómo podía ser? Si Monzoncillo seguía integrando las comitivas presidenciales…
(sbt)Tercer intento. (sbt2)Como supuse que, por algún motivo extraño, había cambiado la razón social que utilizaba la productora para facturar sus servicios al Estado, probé suerte con La Corte Servicios Audivisuales S.A., que tiene una composición accionaria bastante similar a la de La Corte S. A. (sus principales dueños son los hermanos Monzoncillo)
(sbt)Tercera respuesta.(sbt2)Agua. La Corte Servicios Audiovisuales S.A. no existe en el padrón de proveedores de Télam.
(sbt)Cuarto intento. (sbt2)Ya un poco más despierta, copié el texto que ellos mismos habían redactado en respuesta a mi primer pedido, detallando las características del trabajo de La Corte, y pregunté qué empresas habían prestado esos servicios en el 2005 y el 2006, y qué otras habían competido en la compulsa de precios.
(sbt)Cuarta respuesta. (sbt2) Tocado. Esta vez, la respuesta de Télam reveló que La Corte había dejado de facturar como tal, para hacerlo bajo la denominación Prensa Satelital S.A. ¿Quién es el principal accionista? Pablo Monzoncillo. Nada nuevo por ahí. Pero no figura su hermano Daniel, a quien Pablo suele presentar como su “único socio”. Para facturarle al Poder Ejecutivo, Monzoncillo recurre ahora a una empresa en la que tiene otro socio, a Martín Demarco, un joven de treintaypico que es el hijo de un ex gerente de la agencia Télam, la encargada de pagar las facturas. Demarco padre tiene la productora Rodear, que recibe abundante publicidad oficial, y que casualmente comparte, según la guía, domicilio con Prensa Satelital.
Otro dato interesante en esa misma respuesta: Télam alegó que no podía informar sobre los competidores que participaron en la compulsa de precios en el 2005 porque el expediente de la contratación, según me informaron, había sido remitido a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) “por requerimiento de la misma”. Elevé también un pedido de acceso a la información pública a la SIGEN para conocer los motivos de su interés en el expediente, pero jamás me respondieron, incumpliendo con las obligaciones del decreto presidencial.
Según Télam, en el 2004 La Corte le ganó la compulsa al Canal Rural Satelital y a la Productora Barras y Negro (que no figura inscripta como tal en la Inspección General de Justicia). El Canal Rural es una empresa vinculada a Raúl Naya, el productor histórico de Nicolás Repetto, ligado también a la política (especialmente a Duhalde en sus tiempos de gobernador) y de relación muy estrecha con Monzoncillo. De hecho, el Canal Rural le alquila los estudios a La Corte. ¿Es creíble que una empresa que alquila equipos dispute con la propietaria de esos mismos equipos un servicio que no estaría en condiciones de prestar? Para más datos, estos dos supuestos competidores mantienen domicilios legales casi idénticos, separados por una puerta. ¿Habrán competido realmente?
En el 2006, Monzoncillo disputó su cliente predilecto -siempre según la información provista por Télam- con el Canal Rural (nuevamente) y con Naya Comunicaciones, también de Raúl Naya. La novedad es que se sumaron a la puja el Grupo 360, que tampoco figura como tal en la Inspección General de Justicia, y que estaría conformado por ex empleados de Naya. Por último, Télam menciona a Diálogo Publicidad, por fin una empresa en cuyo directorio no figura ningún nombre ligado comercialmente a Monzoncillo, aunque tampoco es conocida por prestar servicios de transmisión satelital.
Mis pedidos se iniciaron en abril del 2006 y culminaron en noviembre, cuando Télam anunciaba: “Le informo que se encuentra en trámite la licitación 1-06”. Es decir, la primera licitación del año que ya terminaba, y que iba a ganar, para variar, Monzoncillo y su socio.
