El Presupuesto Cristina 2008 depende de un Pacto Social con la CGT de Hugo Moyano y la cúpula de la Unión Industrial Argentina, UIA. Eso aseguran los asesores económicos de la futura Presidenta: el acuerdo será vital para que la inflación no supere un tope del 8%, para que el peso no se devalúe más allá de la paridad de 3.20 por dólar y para que el superávit fiscal recupere en parte su caída hasta representar el 3.15% del PBI. Para la Rosada, es el corazón estratégico del segundo mandato.
La misma idea corporativa que alentaron duhaldistas y alfonsinistas bajo el mote de Frente Productivo, en las postrimerías del gobierno de Menem y durante toda la gestión de la Alianza, reaparecería ahora casi con los mismos protagonistas: desde octubre del 2008 hasta fines del 2002, la CGT y la UIA -con representatividades parciales, en ambos casos- mantuvieron un contacto frecuente, primero para hacer lobby por la devaluación y después para apagar el incendio social. Fue el resurgimiento del “compre argentino”.
Los tiempos han cambiado y el entramado del nuevo Pacto -que ya teje Néstor Kirchner en persona- responderá a otro tipo de urgencias económicas. Ahora no habrá una crisis terminal en el horizonte. Todo lo contrario: la Argentina viene de cinco años creciendo a tasas chinas. “El punto central del Pacto será acompañar las correcciones graduales que precisa la economía y moderar la puja distributiva”, sostiene un economista ligado a la UIA, con excelente llegada al matrimonio presidencial. Si la “corrección” es, en realidad, un “ajuste” en lenguaje kirchneriano, es algo que sólo maneja el Presidente.
Las virtudes. El Gobierno viene abonando el terreno para la triple alianza. Concedió a Moyano beneficios extra para las obras sociales sindicales, participación en el negocio previsional estatal, rebaja de Ganancias para los trabajadores sindicalizados y el rédito político de fijar los márgenes de negociación salarial en el Consejo del Salario Mínimo y las paritarias. Y prometió a la UIA un banco de fomento del crédito a la industria, la reforma de la Ley de accidentes de trabajo, diversos regímenes de protección frente a las crecientes importaciones y hasta el control del futuro ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la continuidad del actual ministro Miguel Peirano.
¿Qué se negocia a cambio? La enumeración de las “virtudes” del Pacto corre por cuenta de una funcionaria muy allegada por estos días a Cristina Fernández:
– Como el ajuste general de precios y tarifas debe ser gradual, no se puede arrancar el 2008 con un piso de negociación colectiva de los salarios del 30%, que es la cifra lanzada por Moyano. Sería un reconocimiento de un índice inflacionario semejante.
– Si a las empresas se les exigirá mantener el ritmo productivo para mejorar la oferta y ellas, a la vez, permiten abrir sus libros para blanquear el traslado de sus mayores costos a los precios, deben concedérsele desde el Gobierno ciertas desgravaciones y subsidios que les garanticen rentabilidad.
– La política salarial debe romper con la lógica inflacionaria que viene marcando la negociación paritaria e imponer la pauta de la productividad. El Gobierno se haría cargo, a cambio, de un esquema de precios segmentado por nivel socioeconómico. Y los industriales, se comprometerían a mantener determinados porcentajes de reinversión para garantizar la competitividad de sus compañías.
– La decisión oficial es subsidiar la tasa de interés de los créditos hipotecarios, para hacerlos accesibles a la clase media, y a las empresas, para forzar la inversión, sobre todo en áreas críticas como la energética. No hay acuerdo en los mecanismos y se evalúa el costo fiscal de esa financiación. Si el crecimiento supera el 4% presupuestado para el año que viene -con lo que el PBI trepará a los 900.000 millones de pesos-, el Gobierno podría comprometerse a destinar el excedente a subsidiar el costo de esos préstamos que, presumiblemente, se encarecerán.
– El recorte de los subsidios cruzados -a las empresas y productores y a los consumidores-, aunque sea gradual, impactará en la población, sobre todo en las áreas de transporte y servicios públicos y en los productos de la canasta básica. Se necesitará entonces la contención de gremialistas y empresarios. Entre los asesores de Cristina prevalece la idea de que el gasto público debe reducir su ritmo de crecimiento de casi el 50% que rondará este año a un 30%, al menos un diez por ciento por debajo de los ingresos.
Las condiciones. El Pacto Social que se proyecta tiene la misión de amortiguar la agenda “correctiva” del Gobierno en materia económica. Cristina está convencida de que tiene por delante “un problema fiscal, no monetario”, según le dicen. Los fríos números lo confirman. El superávit primario -sin el maquillaje contable de contar el traspaso de las cuentas de la AFJP al Estado como si fueran ingresos corrientes- caerá al 2.4% del PBI (tal vez, menos) desde el 3.6% logrado en el 2006. Pese a los mayores ingresos. Y las provincias ya son deficitarias: el rojo llegará a los 3.000 millones, luego del pago de intereses de la deuda, la mitad a cuenta de la provincia de Buenos Aires que herederá Daniel Scioli.
Las complicaciones macroeconómicas, que se pretenden superar con el aval de las corporaciones, no son las únicas que enfrentará Cristina. Pese a su disgusto, deberá conciliar con Moyano como excluyente interlocutor sindical, pese al vaciamiento de la CGT que lanzó Luis Barrionuevo y al marginamiento de la CTA, a la cabeza sin embargo de todos los conflictos en el sector público.
En el mundillo empresario, la veloz ubicación de la UIA bajo el paragüas oficialista, despertó resquemores en otros grupos empresarios como la Asociación de Empresario Argentinos, AEA, que preside Luis Pagani. Es que ciertos hombres influyentes del establishment no están muy convencidos de que los buenos negocios futuros sólo se aseguren por la vía de una relación promiscua con el poder.
