Diez de la mañana del sábado 5 de julio. Faltan dos horas para que los diputados voten la ley de retenciones móviles y en el recinto se respira un aire conspirativo. “Algo pasa con los de Río Negro, ¿seguro que no se dieron vuelta?”, escucha el bonaerense Felipe Solá de boca de un compañero de banca que lo secunda en su cruzada para rechazar el proyecto oficial. “Hay que confirmar si van a votar con nosotros”, ordena Felipe, y un emisario de las entidades rurales traslada la pregunta a los legisladores rionegrinos. “Dicen que está todo bien, que no nos preocupemos”, trae como respuesta el emisario. Solá y los suyos resoplan aliviados: las matemáticas indican que van a ganar la votación por al menos dos sufragios.
Horas antes, a las cuatro de la madrugada, un funcionario de la Casa Rosada se había fugado del recinto cuando los diputados de la oposición lo descubrieron negociando con un legislador mendocino. Era Rafael Follonier, ni más ni menos que el encargado de repartir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias. Y antes aún, a las once de la noche del viernes, el diputado Osvaldo Salum había abandonado el Congreso con rumbo desconocido junto a la ultrakirchnerista Diana Conti, muy cercana al jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Recién regresaron a la una y media, y al legislador, que hasta entonces se oponía al proyecto de las retenciones, se lo veía algo perturbado. No le dijo a nadie de la oposición que acababa de modificar su postura. ¿Qué lo hizo cambiar?
