Veinticuatro dólares. Ese fue el costo de las llamadas telefónicas que hizo el vicepresidente Al Gore desde su despacho de la Casa Blanca, en 1996, con la intención de recaudar fondos para la campaña electoral. La dupla que integraba con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, iba por la reelección y no pudo evitar el escándalo: en su país está prohibido usar las oficinas públicas para fines proselitistas. Entonces, el Partido Demócrata tuvo que pagar las “comunicaciones indebidas” y la oposición logró que se abriera una investigación para determinar cómo se había financiado la fórmula demócrata.
La anécdota, un reflejo del legalismo anglosajón, contrasta con las costumbres políticas de la Argentina. Néstor Kirchner puso el aparato estatal a disposición de su esposa y candidata, Cristina Fernández: convirtió la Casa Rosada en un búnker de campaña, el área de prensa y la Secretaría de Medios de la Nación aportan la organización y logística de las actividades, y el Gobierno solventa las giras de “instalación internacional” de la candidata y le facilita el uso de aviones y autos oficiales. A eso se suma la generosa publicidad oficial que se reparte en los medios y que aumentó un 63 por ciento para este año electoral.
El precio de transformar a Cristina en presidenta es alto: supera los 130 millones de pesos. A esa cifra arribó NOTICIAS en base a decretos oficiales que autorizan comitivas, valores de mercado de vuelos y hoteles, servicios de consultoría contratados por el Gobierno y el testimonio de asesores y publicistas que trabajan para el kirchnerismo. “No me había pasado antes en otra campaña, acá no hay límites para gastar”, admite, entusiasmado, un politólogo que forma parte de la “mesa técnica” que se reúne en el selecto hotel Panamericano, en pleno centro porteño.
La campaña aún no terminó y ya inspiró pedidos de informes de la oposición en el Congreso y una denuncia judicial para que se investigue la posible malversación de fondos del Estado. Y el propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández, admitió en público esta figura penal al reconocer que el Estado corre con todos los gastos de la campaña porque Cristina es la esposa del Presidente. “Es imposible disociar”, explicó, como si la condición de Primera Dama, senadora y candidata fuera la versión política de la Santísima Trinidad.
