Martes 22, cuatro de la tarde. En un bar céntrico, el prolijo vocero de una las constructoras sospechadas de haber utilizado facturas falsas para justificar salidas oscuras de dinero en el caso Skanska muestra una carpeta con documentación. Hay esquemas de cotización, intercambio de notas con organismos oficiales y memos. “Sabíamos que se venía esto, ya nos estábamos preparando”, se sincera, mientras intenta despegar a la empresa de las maniobras irregulares. Hace semanas que en la compañía a la que representa crecía la percepción de que el escándalo dejaría al desnudo el sinuoso y millonario negocio de la obra pública en el país.
El expediente en el que se investigan las coimas pagadas por la empresa sueca Skanska a supuestos funcionarios del Gobierno no deja de sumar nombres de compañías de estrechos lazos con el kirchnerismo. El juez federal Guillermo Montenegro denunció a doce constructoras que habrían usado facturación apócrifa proveniente de las mismas 23 empresas que trabajaron con Skanska, entre ellas Infiniti Group. En la lista figuran importantes firmas “pingüinas”, como Gotti SA y Petersen, Thiele & Cruz. A eso se suman otras compañías de buena llegada al poder K que ya estaban siendo investigadas por “cartelización” y sobreprecios.
El entramado. ¿Cómo funciona la matriz de la corrupción? Legisladores opositores y fuentes del mercado de servicios públicos consultados por NOTICIAS coinciden en que el affaire Skanska es una postal ilustrativa del engranaje que se forjó durante la presidencia de Néstor Kirchner. “En la era menemista la corrupción estaba en todas las áreas. Ahora está focalizada en el Ministerio de Planificación de Julio De Vido. Esta gestión hace hincapié en la obra pública: en el 2003 tenía un presupuesto de 2.300 millones de pesos y en el último año ascendió a 14.200”, explica el diputado Adrián Pérez, del ARI, uno de los denunciantes de la causa.
En el entramado de la máquina multiplicadora de obras públicas hay tres piezas clave:
1) Fideicomisos: esta herramienta de financiación en auge permite obtener recursos frescos –de origen diverso– que luego serán devueltos mediante el cobro de “cargos específicos”, como el aumento de tarifas a usuarios. En el caso Skanska, los aportantes fueron Repsol y el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil. Este esquema diluye el control y crea una suerte de “zona liberada” para la corrupción.
2) Cartelización y sobreprecios: las empresa participantes –que deben contar con la venia oficial– se ponen de acuerdo para presupuestar con sobreprecios. Aprovechan que en las licitaciones hay más de un trabajo a realizar y se los dividen. No existe competencia verdadera. Eso es lo que se cree que hicieron Skanska, Contreras y BTU en las obras del Gasoducto Norte que se investigan.
3) Cuevas o usinas: Las compañías necesitan comprobantes para retirar fondos del fideicomiso sin provocar suspicacias. Para justificar lo que gastan en coimas compran facturas truchas a empresas fantasmas que tendrían relación con funcionarios del Gobierno. En el caso Skanska, Néstor Ulloa, el ex titular de Nación Fideicomisos, fue sindicado como quien sugirió a la empresa sueca que operara con Infiniti Group.
La ecuación de las coimas empieza con sobreprecios y termina con un retorno que pagan privados, pero con recursos públicos. En definitiva, el reembolso de fondos se hace vía aumentos de tarifas. En el mundillo empresarial de la construcción, a los famosos “favores políticos” ya se le puso un monto: hablan de “peajes” del 15 por ciento. “A un ministro le dicen celular. Porque para hablar primero hay que poner el 15”, confiesa un gerente que tiene trato con el funcionario.
Un importante representante de la gobernación de Río Negro le dijo a NOTICIAS que el Ministerio de Planificación suele pedirles ese monto, pero en concepto de “garantía”. “Siempre que nos dan una obra para la provincia, piden el 15 por ciento del total. Dicen que es la garantía. Significa que si nosotros no hacemos la obra, ellos se quedan con esa plata. ¡Pero cuando cumplimos se la quedan igual!”, se queja. Los voceros del ministro De Vido dicen no saber nada del famoso 15 por ciento.
Bajo la lupa. Entre la maraña de documentación recolectada, Montenegro se sorprendió una mañana al detectar que las mismas empresas fantasma que proveían a Skanska de comprobantes apócrifos también habían operado con otras constructoras. La compañía sueca adquirió 118 facturas truchas, que correspondían a pagos por servicios inexistentes, para así justificar las “comisiones indebidas” por $ 13,4 millones.
El monto total de las facturas falsas sería de 45 millones de pesos. De esa suma, 20 millones corresponderían a Gotti SA, una empresa santacruceña creada en 1970 que escaló posiciones a partir de 1987, cuando Kirchner asumió la intendencia de Río Gallegos. Con el salto de Néstor al sillón de Rivadavia, la compañía se consolidó en el escenario nacional: ocupa el séptimo lugar en el ránking 2006 de constructores de obras públicas, según un estudio de los ingenieros Miguel y Leonardo Gómez Nieto; y encabezó la lista de las contratadas para el Plan de Viviendas del 2005, con un monto adjudicado de $ 58 millones.
Ya muerto don Victorio Gotti, el jefe del clan, afianzó su influencia en el círculo familiar el ex funcionario kirchnerista Lárazo Báez, quien dejó de ser gerente del banco provincial de Santa Cruz para ganar terreno en el fértil rubro de la construcción. La oposición lo sindica como el testaferro de Kirchner y Elisa Carrió dice que Báez “controla Gotti”, además de estar al frente de Austral Construcciones, que gana la mayoría de las licitaciones de obra pública en Santa Cruz. La sociedad aparece blanqueada en la composición del directorio de Austral: Sergio Leonardo Gotti, hijo de don Victorio, integra el directorio de esa empresa junto con Lázaro.
Petersen, Thiele & Cruz, la constructora de Enrique Eskenazi, el empresario que se hizo cargo del Banco de Santa Cruz a fines de los ‘90, está investigada por al menos 2 millones de pesos en comprobantes dudosos. “No tenemos ninguna notificación de la Justicia ni ningún conflicto abierto en la AFIP”, dice una fuente de la compañía, que niega vinculaciones con las empresas fantasma, aunque no descarta que algunos de sus proveedores hayan utilizado facturas truchas. Eskenazi es un viejo amigo del Presidente.
La firma Juan Felipe Gancedo SRL también está en el listado negro. La constructora hizo obras de vivienda en Santa Cruz por un monto de $ 31 millones y en abril pasado el municipio de Roca, en Río Negro, le rescindió un contrato para asfaltar 50 cuadras de la ciudad. El patrón común se repitió: la oposición denunció “pliegos a medida” y el pago de sobreprecios.
En bloque. Contreras Hermanos y BTU, empresas cordobesas y a la vez “pingüinas”, son dos de las más mencionadas en la investigación de los supuestos sobreprecios por los gasoductos Norte y Sur. La primera concentra el 13 por ciento de las obras viales en Santa Cruz. Y la segunda estuvo a cargo del gasoducto en El Calafate, asociada al Estado provincial.
Sobre BTU hay sospechas concretas: un directivo de la licenciataria Transportadora Gas del Norte (TGN), encargada de las obras investigadas del caso Skanska, le confesó a NOTICIAS que esa firma cordobesa era “de cuarta” y que había ingresado en la licitación por orden del Ministerio de Planificación. Dijo el directivo: “El que viene de parte de De Vido es un secretario. Y nos dice: ‘Tienen que llamar a tal y tal empresa para que participen de la licitación’”. Carlos Mundín, uno de los tres accionistas de BTU, negó la historia, pero admitió el rol del misterioso enviado: “Lo conozco, pero no tuvo nada que ver con el gasoducto”.
En los márgenes de la causa aparecieron otras firmas vinculadas al Presidente. En uno de los memos internos de Skanska revelados por NOTICIAS, el ex director financiero de la empresa en Latinoamérica, José Alonso, menciona un intento fallido de sobornos por U$S 10 millones a Electroingeniería por la obra de la cuarta línea de alta tensión de Yacyretá. La empresa cordobesa dirigida por Gerardo Ferreira, un ex militante de izquierda que despertó la simpatía presidencial y la de De Vido, experimentó un súbito crecimiento. Dejó de ser una fábrica de tableros eléctricos para reconvertirse en una constructora capaz de afrontar obras de electricidad, pavimentación y cárceles. Sorprendió a principios de este año al asociarse con el Estado en la compra de la transportadora de electricidad Transener. Las secretarias de Electroingeniería le dijeron a NOTICIAS que Juan Manuel De Vido, el hijo del ministro, pasa mucho tiempo en la empresa.
También Austral Construcciones, del ex funcionario kirchnerista Lázaro Báez, tuvo una insólita participación en el caso Skanska. Fue una de las empresas que se anotaron en el llamado a licitación que hizo Transportadora Gas del Norte (TGN), pero resultó expulsada. La licenciataria la acusa de “comportamiento irregular” y sospecha que intentó cartelizar los valores y así convalidar el sobreprecio. La empresa de Lázaro Báez y la santafesina Peitel presentaron planillas con cotizaciones iguales. TGN no quiso avalar esa perfecta desprolijidad y Austral Construcciones quedó afuera del negocio.
La exclusión no hace más que dejar al descubierto cómo funciona la máquina de hacer obras públicas que empezó a moldearse en el sur, y que se proyectó al país desde que Kirchner y De Vido viven en Buenos Aires.
Las empresas que rodean al Presidente están en la mira de la Justicia. ¿La investigación llegará hasta el hueso?
