Cuando Beatriz Alfonso (21) se tomó vacaciones de su trabajo como vendedora en una tienda de electrodomésticos en Córdoba para visitar a su hermano en España, jamás imaginó que su primera noche en el viejo continente iba a ser desolada: en un centro de detención del aeropuerto internacional de Barajas, a la espera de un vuelo que la devolviera a la Argentina. No había cometido ningún delito. Simplemente le faltaba la carta de invitación (uno de los ocho requisitos para ingresar como turista) y eso fue motivo suficiente para denegarle el ingreso a España. Diego, su hermano, movió cielo y tierra hasta lograr la intervención del cónsul en Madrid, quien frenó la expulsión.
La nueva lista de exigencias para ingresar a España como turista, que contradice la histórica relación filial con ese país, incluye engorrosos requisitos, hasta hace unos años impensados. En total, son los siguientes: pasaporte, DNI, visado de turista, certificado de trabajo y recibos de sueldo de los últimos tres meses (o documentación acreditativa en caso de ser autónomo), solvencia económica para el período de viaje (un mínimo de 513,54 euros y 57 euros por cada jornada adicional si la estancia supera los nueve días), reserva del pasaje de ida y vuelta, seguro médico asistencial y reserva hotelera o carta de invitación (un acta en la cual el anfitrión se hace cargo de alojar al viajante).
Y lo insólito no es sólo la falta de reciprocidad entre este maltrato actual y la histórica política argentina de puertas abiertas, en especial con los españoles (ver columna), sino la inacción del Gobierno argentino que no realizó queja alguna.
Ahora, quienes no cumplan con estos requerimientos, o no tengan la fortuna diplomática de Beatriz Alfonso, pasan a formar parte de una estadística inquietante: más de 10 argentinos son rechazados cada día en los aeropuertos de España, una cifra sin precedentes que promete superar largamente las 600 expulsiones de todo el 2007.
Fuera de control. En la embajada española desmienten un endurecimiento del régimen de visitas. Según Leonardo Marcos González, vocero de la Embajada de España en la Argentina, “los casos aumentaron porque creció el número de viajeros, no porque haya habido un endurecimiento de las condiciones de ingreso de los ciudadanos argentinos. Eso lo negamos absolutamente”. El director de Asuntos Consulares de la Cancillería, Félix Córdova Moyano, lo desmiente: advierte un incremento en los rechazos y asegura que existe “una política global de más restricciones”.
Antes de que los españoles blindaran su frontera, los turistas argentinos recibían un trato preferencial en la puerta de ingreso a ese país hasta que, tras la crisis económica de la Argentina en el 2002, comenzaron a ajustarse los controles por temor a una oleada de argentinos. En el 2005, España decidió adherir a la idea europea de crear un cuerpo policial especializado en inmigrantes extracomunitarios. Uno de los casos más dramáticos fue el de Damaris Abalo, rechazada del Aeropuerto de Barajas cuando viajó para el casamiento de una hija y sin embargo fue obligada a retornar.
Javier Bonomi, presidente de la Federación de Entidades Latinoamericanas de Cataluña, recibe a diario quejas de esta naturaleza. Según él, la última palabra reposa en “la decisión discrecional y arbitraria de un funcionario”. Por lo general, se basan en cualquier indicio –desde una computadora hasta ropa de invierno en temporada de verano– para sospechar razones distintas de las expresadas por los pasajeros. Es decir, interpretan que no se trata de verdaderos turistas sino de eventuales trabajadores ilegales. El Sindicato Unificado de Policía indica que más de 500 inmigrantes ilegales entran cada día a España alegando “viajes de turismo”.
“Hay casos de personas que, aún cumpliendo con los requisitos, no se los deja ingresar, del mismo modo que hay quienes entran sin cumplir con ellos. Toda norma, cuando se aplica, es interpretada por un señor que puede ser restrictivo”, sugiere el funcionario de la Cancillería argentina, Córdova Moyano.
Estas arbitrariedades las conoce Darío Casasa (30), quien había reunido toda la documentación para ingresar a Bélgica, pasando antes por Madrid. Su ingreso a España, sin embargo, le fue denegado. Quizás por un problema de comunicación que, en este contexto, suena hasta ridículo: ningún policía pudo traducir su carta de invitación escrita en flamenco. Tres días permaneció detenido hasta que le consiguieron un vuelo de regreso a la Argentina. Durante ese tiempo, recibió un trato despectivo: “No te quejes, que en tu país te cagas de hambre”.
Teléfono al rojo vivo. El INADI puso en funcionamiento un centro telefónico de denuncias para argentinos en el exterior. María José Libertino, su titular, opina que “en los aeropuertos recrudecen los prejuicios de discriminación”, en consonancia con “una onda general discriminatoria de Europa”. No obstante, señala que el tema no está en la agenda del organismo. “Lo tiene que resolver el cónsul, en todo caso”, se lava las manos.
El maltrato es un reclamo recurrente de los miles de argentinos que por año son rechazados de España. Jimena Navarro Luzardo, que pretendió ir a Barcelona, estuvo varios días incomunicada en una sala. Cuando pidió algo para beber, un policía le contestó: “Yo no estoy para acarrear agua”. Hacía frío y no tenía forma de abrigarse: la cama no tenía sábanas y su valija se perdió para siempre.
Los centros de detenciones son habitaciones con literas, pero sin frazadas ni ventanas. En la requisa no les sacan el dinero a los detenidos, aunque sí los celulares con cámara de fotos. Yanina Llano (23), que fue rebotada por haber excedido en un viaje anterior los tres meses de la visa de turismo, dice que “la asistente social que supervisaba que no hubiera maltratos venía una vez por día”. Cámaras de videos ubicadas en ángulos estratégicos hacen el resto.
Marcelo Belgrano, abogado argentino que patrocina a los rechazados mientras están detenidos, explica. “No son hoteles, y aún cuando distan de tener comodidades, el defensor del pueblo ha considerado que los centros de detención no atentan contra la dignidad de las personas”. Sin embargo, un fallo de un juez de Instrucción de Madrid advirtió que la sala de inadmitidos no reúne “los requisitos necesarios para una adecuada permanencia”.
Quejas y pocas denuncias. A la rosarina Gabriela Calvin (28) le resultó imposible ingresar a Madrid cuando viajó el 7 de julio para visitar a su hermana. Asegura que la rechazaron por considerarla portadora de una carta de invitación falsificada que, al igual que su valija, nunca le devolvieron. Al volver a la Argentina, hizo catarsis enviando una nota a los medios, en la que aseguraba: “Aquellas fueron las horas más largas y angustiantes que jamás pude imaginar”. Luego de eso, no hizo la denuncia y cerró el tema para siempre. Son pocos, por ahora, los que se animaron a demandar al Estado español.
Darío Casasa fue uno de los que agotó todos los recursos: acudió a la Embajada de Bélgica, a la Cancillería, a la Defensoría del Pueblo y al INADI. Lo único que obtuvo fue una frase exasperante: “No podemos hacer nada”.
A la hora de buscar responsabilidades, algunos miran para un costado. Diego Arcos considera que “la arbitrariedad española es absoluta, pero la responsabilidad es en un ciento por ciento del Gobierno argentino que no hace nada”. Y da como ejemplo la actitud más activa de Brasil. En marzo, ese país echó mano a la milenaria Ley de Talión, luego de que la cifra de compatriotas rechazados al cabo del primer bimestre del año arañara el millar. Veinte españoles fueron devueltos a su país en la primera semana de contraofensiva y, días atrás, corrieron la misma suerte otros cinco. Esas medidas de presión tuvieron sus réditos: funcionarios brasileños trabajan en puestos fronterizos españoles para monitorear el trato que se les da a sus conciudadanos.
La Argentina está muy lejos de afrontar una respuesta tan virulenta y, más allá de alguna queja del canciller Jorge Taiana a su par español Miguel Moratinos respecto de las políticas migratorias de la Unión Europea, hasta ahora el Gobierno nunca se pronunció sobre la problemática de los rechazados en los aeropuertos españoles. Y, por supuesto, nadie imagina que vaya a encontrar a algún diplomático argentino asentado en el aeropuerto de Barajas para defender los intereses de sus ciudadanos.
En octubre, la presidenta Cristina Fernández visitará oficialmente al primer ministro español, José Rodríguez Zapatero, y hasta el momento no hay indicios de que el tema esté en la agenda.
Malditos inmigrantes
Escribe Gustavo González *
Ella nació en San Pelayo. Él en Villarquille. Fueron campesinos (él, también minero), hasta que un día Asturias les dijo que no esperaran mañana lo que no les había dado ayer. Y los expulsó para siempre. Antonio llegó a la Argentina en 1951. Arribó al puerto con una valija vieja, un documento de identidad y una carta que le escribió su hermana invitándolo a venir, la única formalidad que le pedía este país. Mercedes llegó cuatro años después, en las mismas condiciones. Consiguieron trabajo pronto, mal pago, pero suficiente para comer y dormir en una habitación pequeña con los dos hijos que tuvieron aquí. Uno era yo. La vida no fue fácil, pero tampoco estuvo mal. Con pasión inmigrante, consiguieron en esta tierra la oportunidad de crecimiento que la suya no les dio, dolorosamente lejos de sus familias y amigos.
Cuando escucho las historias de los argentinos que ahora sufren la discriminación de España, sufro por dos. Por el maltrato que reciben y por el recuerdo de lo que la Argentina significó para mis padres. El agradecimiento de Antonio y Mercedes hacia este país es similar al que todavía recibo de mis tíos españoles, que saben que en aquellos años de la posguerra civil, dos bocas menos para alimentar significaban más comida para repartir entre el resto de la familia. Aún hoy, la Argentina representa en sus memorias esa puerta que un día se abrió para unos y, también, el país desde el cual de tanto en tanto llegaba ropa y algún dinero. Además del mítico trigo que enviaba, a bajo precio, el entonces gobierno argentino.
Es entendible que, sin ser responsables de lo que hace su gobierno, los millones de españoles que conocen esta historia reciente sientan un poco de vergüenza. Saben que el maltrato hacia los “sudacas” es común en muchos países del primer mundo, pero comprenden que ellos no son “muchos países”. Son la España que pobló de sus hijos una Argentina abierta.
Ahora, además, la discriminación no sólo se limita a los argentinos que hacen el camino de la inmigración en sentido inverso. Hasta los que van como simples turistas, para ver a sus familias o sólo a pasear, son detenidos en Barajas durante horas, sometidos a interrogatorios, sin derecho para realizar llamados y, al final, obligados a tomar un avión de regreso.
El caso de la rosarina Gabriela Calvin me llamó especialmente la atención. Iba a visitar a su hermana. Antes de viajar, tomó una precaución que a mi no se me hubiera ocurrido, pero que hoy es obligatoria: le pidió a su hermana una carta de invitación certificada por la policía. Curioso y triste: la misma carta que debieron traer mis padres para vivir y trabajar en este país para siempre, es la que hoy debería llevar yo para visitar a mi familia española durante 15 días. Y no sé si me alcanzaría. De hecho, para esta mujer no fue suficiente. Ocho horas de malos tratos (su hermana la esperó en vano en el aeropuerto sin saber qué le había pasado), y la embarcaron de nuevo rumbo a Ezeiza.
Comprendo que esta España no es la Argentina de hace 50 años. Aquella era una combinación histórica entre un país que expulsaba habitantes y otro que necesitaba poblarse. Hoy España no necesita más población, sólo una cantidad mínima de mano de obra barata y transitoria.
Quizás eso es lo único que importa y el resto sea simple sentimentalismo. Pero no creo que los españoles, los de aquí y los de allá, estén tan de acuerdo con eso. Tienen la memoria suficiente para saber que este presente no es el pago justo por aquel pasado.
Y me entristece que su gobierno haya perdido esa memoria. Y me entristece que nuestro gobierno no se lo recuerde.
