Todos los números están acá”. Con el mismo dedo índice con el que hasta hace poco gatillaba un arma como suboficial de la Policía Bonaerense, ahora Cristian San Martín (26) se da golpecitos sobre la sien. Y aclara: “En media hora te memorizás los comercios a los que tenés que ir a cobrar y el papel después se rompe”. Dos ex compañeros lo miran y asienten. San Martín baja el dedo y tamborilea con toda la mano sobre la mesa de la celda en la que los tres están detenidos. Hace tres meses que ya no son policías sino simples delincuentes, atrapados en la Comisaría 5ª de Esteban Echeverría por haber aceptado parte de la coima que un falsificador de dólares pagó para ser liberado. “Formamos parte de un sistema de corrupción policial que nos usó, nos descartó y luego nos abandonó a nuestra suerte –se sincera San Martín–. Asumimos la culpa, callamos y respetamos los ‘códigos’ con los que fuimos instruidos. Pero ya no damos más. Estamos dispuestos a contar todo”.
La entrevista fue impactante. Estos tres hombres sentados frente a NOTICIAS –de pelo todavía rapado y años de experiencia policial– se animaron a detallar, por primera vez, cómo es el sistema de recaudación ilegal de la Bonaerense, la Policía argentina más emblemática por su magnitud de 55.000 efectivos, pero cuya caja negra se repite en otras fuerzas: tarifas, formas de cobro, cómo se reparten los sobornos y hasta qué niveles político y policial llegan los dividendos provenientes del juego clandestino, la prostitución, los boliches bailables, los talleres mecánicos y las ferias ilegales, entre otros rubros. Un sistema histórico de corrupción policial que ya está naturalizado dentro de la institución y que es tolerado por el poder político. Porque constituye un método de autofinanciamiento clandestino, por nadie desconocido. Según pudo saber NOTICIAS mediante testimonios de policías en actividad, ex agentes y funcionarios, las 360 comisarías de toda la provincia de Buenos Aires pueden llegar a recolectar $ 300 millones anuales, o sea
$ 25 millones por mes, por soslayar el control de los delitos contravencionales, una herramienta que la Policía ha retenido con celo durante décadas, y cuyo incumplimiento muchos funcionarios minimizan como una cuestión “folklórica”. Sin embargo, estas faltas no son temas menores. La flexibilidad policial le abrió la puerta a la tragedia de Cromañón; hoy también facilita que los menores beban alcohol en los boliches, que haya trata de personas y explotación sexual de menores en los cabarets y que se propague la industria del robo de autos para su reventa en talleres clandestinos. Los montos mencionados de la recaudación ilegal no toman en cuenta lo que se conoce como “la caja sucia manchada con sangre”: venta de drogas, secuestros extorsivos, desarmaderos o zonas liberadas para robos, que ya no involucra a un sistema sino a policías en particular.
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