Hasta hoy era un secreto. El 14 de marzo pasado, un grupo comando del departamento de investigaciones de la Policía Bonaerense allanó un local de la empresa Telecom en Garín, en el partido de Escobar, en el marco de una causa que había impulsado el subsecretario de Ingresos Públicos de la provincia, Santiago Montoya. Los peritos y técnicos en seguridad telefónica que participaron del operativo se toparon con una sorpresa: la maquinaria necesaria para interceptar los llamados no sólo de Montoya, sino también de otras 3.800 líneas telefónicas entre celulares y fijos. Y según informó Telecom a la Justicia, los aparatos descubiertos pertenecen a la SIDE kirchnerista.
La semana siguiente al allanamiento, los peritos involucrados en la investigación descifraron a quienes pertenecían los teléfonos pinchados y elevaron un informe al fiscal del caso, Claudio Scapolán, con los números intervenidos. NOTICIAS pudo averiguar que entre los espiados que se mencionan en el expediente, además del recaudador Montoya, estaban los diputados Remo Carlotto, Rafael Bielsa, Norma Morandini, del kirchnerismo, y el macrista Federico Pinedo; el secretario de Seguridad bonaerense, León Arslanian, y todos los funcionarios que dependen de Montoya en Ingresos Públicos. Aunque no lo admiten en público, los técnicos dicen que la lista sería “larguísima” y que incluiría a la candidata presidencial Elisa Carrió y al jefe de PRO, Mauricio Macri. También hay funcionarios del Gobierno, jueces federales, fiscales, empresarios y periodistas, todos espiados por la Secretaría de Inteligencia.
El desencadenante. Días antes del allanamiento en Garín, seis hombres armados habían intimidado al vigilante que custodia la cuadra del partido de San Isidro donde vive Montoya. Le apuntaran a la cabeza y lo increparan para que les diera la dirección exacta de la casa del funcionario, quien ya hacía varios meses que venía escuchando ruidos extraños en su celular. Asustado, le transmitió su preocupación al gobernador Felipe Solá y a León Arslanian, quienes le aconsejaron monitorear su teléfono, y así descubrió que su celular estaba intervenido con una doble función: escuchar sus llamados y ubicarlo geográficamente. Montoya está seguro de que el día que intentaron intimidarlo en su casa, los maleantes estaban monitoreando sus movimientos. Por eso decidió iniciar la causa judicial que concluyó con el allanamiento exitoso en Garín.
Además, una versión negada por Montoya, pero que en su entorno dan como cierta, dice que se inquietó cuando un familiar cercano recibió llamadas extrañas a un celular personal del que muy pocas personas tienen el número. Ese también habría sido uno de los motivos que lo llevó a la Justicia.
El edificio allanado en Garín está ubicado en la calle Presidente Perón, a pasos de las vías del ex Ferrocarril Mitre, y pertenece a Telecom. ¿Por qué una central telefónica estaba repleta de aparatos para interceptar comunicaciones? Cuando el fiscal del caso le preguntó a Telecom a quién pertenecía semejante tecnología de espías, la empresa respondió con una reveladora carta firmada por su apoderada Marta Pérez Sasso, a la que accedió NOTICIAS. Allí dice: “Las conexiones mediante canal digital PCM por fibra óptica sólo la posee la Secretaría de Inteligencia. La Secretaría de Inteligencia es el único órgano del Estado encargado de ejecutar intercepciones de cualquier tipo”. Y más adelante se lee: “La compañía no posee equipos interceptadores, sino que facilita el medio para que dicho organismo lo lleve a cabo”.
La carta es clara. Se deslinda de la responsabilidad, niega que los aparatos sean suyos y apunta directo a la SIDE que comanda José Francisco “Paco” Larcher, número dos en los papeles detrás de Héctor Icazuriaga, pero jefe en los hechos. Larcher visita al Presidente todas las noches en su despacho para saciar su curiosidad con detallados informes de Inteligencia.
La pesquisa en el edificio de Telecom se hizo en simultáneo con otros seis operativos en la zona norte de la provincia de Buenos Aires. El fiscal sospechaba que en algunos de esos lugares estaba la central que pinchaba el celular de Montoya. Cuando llegaron a Garín, en el edificio había un policía custodiando la puerta, y adentro encontraron a una mujer que se encargaba de la limpieza y a un hombre que se presentó como jefe de mantenimiento y según testigos del allanamiento, dijo ser “contratado de otra empresa”. Al hombre nadie lo detuvo. Y quienes participaron del registro sospechan que podría ser un agente de la SIDE.
En el techo descubrieron una antena de microondas de dos metros de diámetro que apuntaba en dirección a la Capital. Con esa antena se recibe y envía la información que se recopila de los teléfonos pinchados hacia otras centrales como la que tiene la SIDE sobre Avenida de Los Incas, en el barrio porteño de Belgrano. Es más, uno de los conversores descubiertos en el edificio de Garín tenía pegado un cartel con la leyenda “líneas judiciales – Av. Los Incas”. Un dato terminante.
Cuando finalizó el allanamiento no se dispuso custodia policial en el edificio ni se selló con una faja judicial, dos desprolijidades evidentes. Uno de los peritos que participaron en la causa asegura que en la central de Telecom aun está intacta la estructura que habría montado la SIDE para pinchar los teléfonos de políticos, funcionarios, empresarios y periodistas. “Hace dos semanas realizamos varias pruebas para ver si los teléfonos seguían pinchados y descubrimos que sí, y que la intercepción proviene de Garín”, dice.
La estructura. Para fisgonear a opositores, funcionarios, empresarios, jueces y periodistas, la SIDE necesita algunas herramientas. Uno es el Data Voice Call Recording and Acquisition Unit (DVCRAU), un equipo que permite pinchar hasta 12.000 líneas al mismo tiempo. Sólo ese aparato cuesta 100.000 dólares y la SIDE cuenta con varios de ellos, uno de los cuales fue detectado en el edificio de Garín.
El DVCRAU es el encargado de interceptar la línea y capturar la información. Una vez que llega allí, es retransmitida a un sistema de computadoras llamados Recording Controller y Playback Station. El primero es el que indica en qué momento se debe grabar la línea que está pinchada y el segundo almacena las conversaciones en un disco rígido y logra localizar geográficamente a las personas a través de su teléfono celular. Con este sistema los espías sabían con exactitud en qué lugar y a qué hora estaba Montoya en diferentes momentos.
En uno de los informes periciales que realizaron en Garín para engrosar la causa, los técnicos confirman que allí se encontró “una central de intercepciones telefónicas de avanzada tecnológica con capacidad para 3.780 líneas”, y más adelante se preguntan: “Si la SIDE fuera la destinataria de la central allanada en Garín, según lo indican las precarias leyendas encontradas, deberían contar con los oficios judiciales respaldatorios, para no incurrir en transgresiones a la normativa penal vigente”. Telecom luego confirmó que en efecto se trataba de la Secretaría de Inteligencia. ¿Estaban autorizados por la Justicia para semejante cantidad de pinchaduras? Rafael Sal Lari, el juez de San Isidro a cargo de la investigación, prefirió no hablar con NOTICIAS.
Un experto en seguridad telefónica que trabajó para la SIDE explicó cómo hacen para saltear las autorizaciones judiciales: “La metodología es sencilla. Un juez autoriza 30 pinchaduras y habilita una central telefónica para que los agentes operen. Pero después ellos pinchan 4.000 líneas, no 30. ¡Quién va a ir a controlar! Nadie quiere molestar a los muchachos de la SIDE”.
El expediente. La causa registró pocos movimientos después del allanamiento y los peritajes. Fuentes de la fiscalía a cargo de la investigación confían que hoy todo está paralizado por un conflicto de competencia entre los juzgados de Zárate-Campana y de San Isidro. Deslizan por lo bajo que “nadie quiere agarrar una papa caliente en la que están metidos los servicios de Inteligencia y el poder político”. El expediente ya fue y vino entre esas jurisdicciones cuatro veces.
La SIDE de Kirchner hace horas extra y avanza sobre la vida privada de sus objetivos. Las evidencias de que en un edificio de la zona norte de la provincia hay instalada una maquinaria de Inteligencia dedicada a inmiscuirse en los teléfonos de funcionarios, candidatos, legisladores, jueces, empresarios y periodistas, existen y se reproducen en estas páginas.
Todos lo sospechaban, pero confirmarlo es preocupante.