La protección del bosque nativo argentino no es una mera demanda ecologista, dicen los especialistas, sino que apunta a defender un recurso tan estratégico como el agua o el petróleo.
Por Jorge Morello* y Walter Pengue**
ace ya décadas que en la Argentina se viene poniendo presión sobre los recursos del bosque nativo, sin que esto se haya acompañado de un ordenamiento racional del territorio que compatibilice todas las demandas y ponga coto a su uso desenfrenado e irracional.
Entre 1998 y 2006, Argentina perdió más de 2.000.000 de hectáreas contando solamente el bosque nativo destruido: se pasó de 23.800.000 a 21.400.000 hectáreas. Sólo queda en el país poco más del 10 por ciento de bosque nativo en sus distintas tipologías.
El alicaído e indefendible argumento del progreso regional o el crecimiento económico, sólo esconde el afán de un lucro inmediato que, a la hora de la verdad, solamente sopesa en su favor los intereses del sector agroindustrial y de quienes actúan en su defensa. Y no sólo desde el propio sector, algo que resulta lógico y comprensible, sino también desde otras áreas, como determinados medios de comunicación, el gobierno o la misma academia.
La muestra es más que contundente. Las regiones con mayor deforestación no son las más desarrolladas, sino las provincias que más fueron esquilmadas y pauperizadas. Aquellas en las que su población rural, dispersa, campesina e indígena, se encuentra más abandonada.
La protección del bosque nativo no es una mera demanda ecologista, postmoderna o de atrasados que no “ven” el progreso. Pretende en cambio ayudar a mantener los incontables servicios ambientales involucrados y resguardar los recursos, para el aprovechamiento integral de las generaciones actuales y futuras.
Pensar que “desde el mercado” se hallarán las medidas para regular su uso, es simplemente servir al juego de intereses coyunturales que solo servirán para alentar aún más el proceso de deterioro del patrimonio ambiental argentino. Una explotación minera, no selectiva y por tanto irreversible, en nuestros términos temporales.
La Ley de Bosques
Alertados por esta demanda social, el pasado 14 de marzo la Cámara de Diputados dio una media sanción a una ley de protección ambiental para los bosques nativos, conocida como Ley de Bosques (o “Ley Bonasso”, por ser uno de los diputados que la impulsaron en el recinto). Es de crucial importancia para proteger un recurso naturalmente ya escaso en la Argentina y actualmente reducido a mucho menos de un tercio de su cobertura inicial.
Se trata de proteger el manto verde, complejo y diverso, que ofrece un fenomenal abanico de opciones, no sólo por su importancia ecológica sino también como proveedor de servicios ambientales y productos útiles para las industrias de fármacos, alimentos, textiles, curtientes, pegamentos y perfumería. Resultan imprescindibles para la sustentabilidad ambiental y también social del país.
El bosque nativo atesora un potencial de germoplasma. Y sobre todo, presta una serie de servicios ecológicos que simplemente son imprescindibles para la supervivencia no sólo regional y local, sino también la de un planeta que –no cabe ninguna duda– tiene vida porque tiene bosques.
Sabemos que todos los tipos de bosque del país están sometidos a una descomunal presión de desmonte para sustituirlos por cultivos anuales, especialmente oleaginosos y granos gruesos en general, la producción de agrocombustibles, la ganadería extensiva extrapampeana y en mucha menor medida, plantaciones.
Al contrario de algunas dicotomías que se proponen entre ecología y producción, la única forma sostenible de aprovechar estos recursos es apoyarse en la definición inmediata de políticas ambientales y productivas que aseguren el bien común y el bien nacional. La única manera de hacerlo es a través del conocimiento pleno de los procesos ecosistémicos involucrados y el desaliento del servilismo al que por desgracia se subieron muchos sectores, incluidos algunos colegas de la comunidad científica y el sistema científico tecnológico, y ni que hablar de los decisores de políticas.
El proceso se llama eufemísticamente y para confundir a los legos “land reclamation”: algo así como un “rescate” o una “recuperación” de un territorio para producir bienes necesarios al hombre.
Pero hay una falacia implícita. Esta “cirugía mayor” desconoce que el bosque ya produce servicios, ya está poblado por compatriotas que viven de él por generaciones, y ya presta diversos servicios ambientales que ayudan a mantener la vida en la tierra: control de la erosión; formación de suelos; creación de hábitats para fauna productiva de cueros, pieles, plumas, carne de monte, miel de palo y suelo; protección de cabeceras de cuencas; y secuestro de dióxido de carbono que queda almacenado durante centurias en árboles vivos, suelo o en productos de madera como durmientes, postes, varillas y demás.
Los servicios ambientales provienen de las prestaciones de los ecosistemas naturales y en algunos casos agroecosistemas. Y están ampliamente subestimados por la sociedad actual, hasta que los impactos por sus perdidas se hacen catastróficos y cobran precios muy altos a los países desprevenidos.
El proceso de globalización alimentaria y energética conlleva un incremento importante de los bienes exportables hasta su sobreexplotación, lo que desencadena también la subvaluacion de estos productos.
No siempre se comprende que cirugía mayor no es sólo un eufemismo: sustituir un bosque cuyos árboles viven cientos de años por un cultivo anual, como la soja o el maíz, provoca que se modifiquen los ciclos de nutrientes, agua y energía, la estructura y microfauna del suelo y, sobre todo, el clima local y regional.
Pasar de un bosque con varios techos que desaceleran el impacto de las gotas de lluvia y reorientan el flujo de agua por un suelo permeable, a un cultivo anual de un metro de altura que aporta solamente algo de masa verde de acelerada descomposición, abre enormes interrogantes. La ley de bosque permitirá entre otros beneficios orientar la investigación hacia temas críticos aun no resueltos.
Cifras pasmosas
Ocurre que el proceso de desmonte autorizado y el ilegal ha adquirido una aceleración que crea riesgos de desaparición de ecosistemas completos en los que ni siquiera se conoce la totalidad de su fauna y su flora.
Hoy en día, la deforestación en el país alcanza cifras que son pasmosas. En el mundo, la tasa anual de deforestación ronda el 0,23%, mientras que en el África es del 0,78%. En Sudamérica, la tasa pasó del 0,44% en 1999 y 2000 al 0,50% entre el 2000 y el 2005. La Argentina está por encima de la media continental: 0,85%, con extremos como Misiones (1,33%), Santiago del Estero (1,18%) y Santa Fe (0,95%). Y el proceso no se detiene. Cada diez minutos se deforestan en el país 10 hectáreas, es decir, diez manzanas de bosque que ya no estará más.
Esa acelerada sustitución se efectúa mediante labores mecanizadas llamadas desmonte y que altera profundamente el soporte del suelo, invierte y mezcla distintos horizontes, destruye hábitats de fauna cavadora y quema hasta producir “tierras cocidas”.
Quien revisa nuestros matutinos tradicionales percibe el reflejo de la aceleración de desmontes de varias maneras. Las fotos de lotes “perfectamente” cultivados aparecen con frecuencia con un fondo de bosque tanto en San Luis, como en Entre Ríos, Misiones, y sobre todo en Chaco, Formosa y Salta. Los artículos aluden a lotes que están en espera o siendo desmontados. Los cálculos de inversiones incluyen el costo del desmonte y promesas de progreso, y la diferencia de precios entre la tierra “tipo Pampa Húmeda” y la tierra marginal que ahora deviene “productiva”. Celebramos el aumento de la superficie bajo cultivo de soja originada en desmontes, pero nos alarmamos por “la selva de Mato Grosso amenazada por el desmonte”.
Esa presentación ambivalente de la política del tero también aparece en algunas propagandas de las multinacionales, con una foto o dibujo de un inmenso cultivo de grano sobre un fondo verde (bosque) y encima, como símbolo de salud de un ambiente que ya no existe, con una bandada de aves migratorias en el cielo.
Por desgracia, los representantes de algunas provincias adoptaron una estrategia dilatoria hacia la Ley de Bosques, que en su artículo 25 plantea la veda a los desmontes. “Fabricaron” así seis proyectos nuevos que, de manera inevitable, por las normas del tratamiento legislativo, sumarán un compás de espera lo más largo posible para permitir el avance de los desmontes ya autorizados, la autorización de nuevas superficies y el desmantelamiento forestal clandestino, que nadie detiene.
La amenaza más urgente
Las consecuencias pueden ser dramáticas. Están amenazados muchísimos manchones de bosques que estudios previos habían determinado que eran “objetos de conservación” por tratarse de bancos genéticos en evolución por cruzamiento natural de especies. O que albergan especies endémicas o raras, pero según los argumentos “de mercado” ya son demasiado chicos para que se puedan conservar, o que inevitablemente van a sucumbir envenenados por la deriva de los agroquímicos utilizados en la agricultura entrante.
También es importante destacar que los fragmentos remanentes en los desmontes tienen una enorme longitud de borde con relación a su área. Es decir, son normalmente largos y angostos rectángulos donde los ecólogos saben que el efecto de borde permite la entrada de malezas y de especies oportunistas que compiten y eliminan a las nativas que tienen alto valor de conservación biológica.
Escuchamos a las comunidades aborígenes destacando el carácter de “bosques nutricios” que tienen sus algarrobales, talares, mistolares, y chañarales del Chaco, la importancia de textiles y tintóreas para sus artesanías, y el carácter de droguería que asignan a masas forestales de alta diversidad donde buscan sus medicinas. Ese tema no es menor y el valor más grande que tienen los bosques es su carácter de “banco de información” utilizable por nuestra generación y la de nuestros descendientes. La población local de estas áreas utiliza al bosque nativo como un “almacén de la naturaleza”, al contrario que las poblaciones urbanas, que están perdiendo esta relación y se alimentan del supermercado.
La Argentina está perdiendo irremediablemente sus ecosistemas de bosques nativos como fuentes de información biológica.
Como profesionales que trabajamos en los temas de bosques nativos y de sostenibilidad de los recursos, y como ciudadanos preocupados por el futuro de nuestros hijos, queremos destacar la absoluta necesidad de aprobar lo antes posible, es decir en forma urgente, la Ley de Bosques, y que se aplique de forma inmediata su articulo 25, que prohíbe por un año nuevas autorizaciones de desmontes.
No se puede minimizar su importancia con argumentos nimios basados en nuestra tendencia (una supuesta tendencia argentina) a evadir o no cumplir con las normativas, pues ese criterio aludiría directamente al desprecio de la Ley en su conjunto o a la perdida de un estado de derecho, en el que aún debemos creer y confiar.
La ley abre el camino para una aplicación crecientemente responsable y honesta de sus normativas. Y también, para que los responsables de no cumplirla sean controlados y sancionados.
Tampoco es aceptable que se designe al territorio donde se producen los desmontes más acelerados como “el área problema”. No es un área el que está involucrado, sino muchas: prácticamente todo el territorio nacional. Esto amerita un ordenamiento territorial participativo, especialmente de la comunidad local y regional en primera instancia, el Estado y todos los demás representantes de la sociedad civil, sin baches de información y preservando el bien común, que parece ser un principio abandonado de una sociedad que deba apreciarse para sí y su futuro.
Hay sustituciones masivas recientes en las ecoregiones del monte, de bolsones y serranías, monte de llanuras y mesetas, Delta del Paraná, del Espinal, chaco seco, chaco húmedo, bosque patagónico, campos correntino paraguayos, yungas y selva paranaense
No creemos que se pueda establecer una articulación del avance de la frontera agrícola con la conservación de los bosques sin una participación muy fuerte y activa del Estado Nacional. Necesitamos además un compromiso mas concreto y activo, de todos los estamentos científicos y técnicos, de las Secretarias de Ambiente, Agricultura y Planificación, la Universidad, la Secretaria de Ciencia, el Conicet, el INTA, el INTI y todos los centros regionales. Y que todos ellos trabajen con la sociedad civil en un pie de igualdad. No es posible hacerse el distraído, pues la ingenuidad solo genera complacencia y permisividad. Se debe apelar a la responsabilidad de todos los científicos preocupados por el desarrollo de un país para todos y no solo para unos pocos interesados en un negocio de corto plazo, o serviles a este.
Un recurso estratégico
Hoy estamos en el terreno de la geopolítica. La discusión del territorio y su ocupación y desarrollo entra claramente en este terreno. La geopolítica es una cuestión del Estado nacional. No es posible dejar que continúe la apropiación y destrucción de los recursos naturales. El recurso bosque es un recurso estratégico y un patrimonio nacional, tan importante como el petróleo, la tierra, los minerales o el agua. El Estado Nacional debe instalar una Secretaría de Recursos Forestales equivalente a los servicios forestales de otros países, o mirar cuidadosamente lo que están haciendo algunos países hermanos donde se tomó cuenta a tiempo, aunque parcialmente, de la hecatombe nacional que significaba la ampliación de la frontera agropecuaria sobre ecosistemas frágiles como la selva amazónica.
En la Argentina existió alguna vez un organismo autárquico de jerarquía y representatividad, el Instituto Forestal Nacional o IFONA. Justo cuando estaba terminando su plan nacional de manejo de bosques nativos, en 1989 fue demolido por la política destructora del modelo neoliberal que nos gobernó desde entonces.
Finalmente, conviene destacar el despoblamiento rural y el costo social creciente que involucra. Allí donde entra la agricultura y la ganadería industriales, los conflictos que se establecen con cultivos regionales tradicionales desde la caña de azúcar al algodón, y cómo afecta esto a la economía local y la seguridad alimentaria.
Es también llamativo que no se hayan tenido en cuenta metodologías existentes y conocidas que mensuran y valoran más allá de lo monetario, los imprescindibles servicios prestados por el bosque. No todo es dinero, ni todo puede transformarse en un bien “commodity” o en un bien ambiental. Todo necio confunde valor y precio: debemos dejar de ser necios con los cada vez menos recursos naturales con que disponemos.
En la Argentina, debe comprenderse que la frontera agropecuaria horizontal opera ya casi de manera exclusiva sobre comunidades de leñosas (entiendase bosques), porque los ecosistemas de pastizales y sabanas ya fueron ocupados por actividades agropecuarias desde hace décadas. Esto es muy importante a tener en cuenta en las definiciones de políticas.
Si hoy la deforestación sigue avanzando, atenta tanto contra nuestra generación como contra las generaciones futuras, que perderán para siempre estos recursos.
Un país que no cuida sus bosques, no puede plantearse seriamente ser una nación. Los recursos económicos para hacerlo están disponibles, y pueden provenir justamente de las retenciones aplicadas hoy en día, y que pueden ser “leídas” como un cobro por el beneficio extraordinario que se esta obteniendo de la sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Una renta ambiental que deberemos comenzar a estimar con justicia y reconocimiento en beneficio de todos. No faltan recursos, siempre que no pretenda estatizar el costo ambiental y privatizar solo los beneficios.
La cuestión urgente sobre la decisión de una Ley sobre el Bosque Nativo es una muestra de este proceso. Permitirnos dilaciones sólo hará que lo perdamos para siempre. Por eso, hoy más que nunca es imprescindible que la comunidad exija, utilizando todas las herramientas disponibles legal, penal y socialmente, para que el Senado trate y resuelva la ley. Aunque en verdad ya es tarde y sólo estamos pretendiendo que se salve algo de lo poco que queda, de lo mucho que ya han dejado destruir.
* Ecogeógrafo. Profesor Emérito de la UBA. Director del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente (Gepama).
** Doctor en agroecología. Director del Posgrado en Economía Ecológica, UBA. Coordinador del Gepama.
