Héctor Capaccioli, apodado “Capa” por razones obvias, o también “DJ” por su pasado de secretario general del gremio de los operadores técnicos de radio, acaba de encargar que alfombren a nuevo sus oficinas del tercer piso de Diagonal Norte 530. Tiene planeado quedarse a pesar de que hoy lo persiguen las evidencias del financiamiento negro de la campaña de Cristina Fernández, disparadas por el triple crimen de General Rodríguez. Por los mismos días en que Sebastián Forza y las otras dos víctimas fueron secuestradas, Capaccioli pidió refuerzos para custodiar su despacho privado en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que tiene a su cargo: varios hombres de contextura fornida se pasean ahora por esas dependencias.
“Capa” está nervioso desde que un dato conmocionante salió a la luz: el asesinado Forza había aportado 200.000 pesos a la campaña kirchnerista del 2007 por medio de su droguería Seacamp SA, una empresa que había librado cientos de cheques sin fondos y era investigada por supuesto robo y adulteración de medicamentos. En su doble condición de recaudador de la campaña electoral de Cristina y titular de la Superintendencia, el funcionario y fiel ladero de Alberto Fernández fue quien había acercado a Forza y a otros empresarios de prontuario dudoso a la lista de aportantes del Frente para la Victoria, y ahora no sabe cómo explicarlo.
