La historia naif de los tres amigos desaparecidos tuvo un final escalofriante: un brutal crimen mafioso, en el que se cruzan millonarios negocios ilegales de medicamentos con el tráfico de drogas. El policial puro que parecía ser la trama más negra y apasionante de los últimos años terminó, además, convertido en un escándalo que roza a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Uno de los muertos, el empresario Sebastián Forza (34), había aportado 200.000 pesos en cheques a la campaña presidencial del 2007, a través de su empresa farmacéutica Seacamp S.A, que quebró y dejó un tendal de deudores. Como era de esperar, esos documentos no tenían fondos. Unos meses antes del crimen, Forza se sentía atemorizado porque, según la declaración judicial de su mujer, Solange Bellone, venía recibiendo advertencias de un oscuro personaje: Julio César Posse. Este hombre de unos 50 años, calvo, con ojos verdes y arito brillante en la oreja, fue señalado por la SIDE en el contexto de la investigación judicial “como un buchón (malandra que vende información) de la DEA”, aunque también trabajó para este servicio de Inteligencia, de acuerdo con lo que él mismo reconoce en una declaración ante el juez Claudio Bonadío en la causa AMIA.
Pero lo sorprendente del caso es que ese tal Posse también desembolsó dinero para la campaña de Cristina, y se convirtió en uno de los máximos aportantes personales del kirchnerismo. Presentado como un simple monotributista, puso 325.000 pesos en dos cuotas: la primera, el 22 de octubre del 2007, de 155.000 pesos y la segunda, un día después de las elecciones, de 170.000 pesos, según datos de Poder Ciudadano.
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